De iniciativas, propuestas y ocurrencias

La consolidación de la democracia mexicana y el paso hacia el constitucionalismo de los derechos se han quedado atrapados en las arenas movedizas de los privilegios locales

Por: Pedro Salazar Ugarte

Desde hace algunos meses –sobre todo en las últimas semanas– los principales actores políticos del país han dejado caer sobre el tablero de las negociaciones sus propuestas de reforma política.

Con mayor o menor osadía y en formatos irregulares, el presidente de la república, las fracciones parlamentarias del PRI (en un concierto de inusitada cacofonía), el llamado "DIA" (encabezado por el PRD), el PVEM y el PAN, fueron desplegando sus agendas y evidenciando sus intenciones. 

Ninguna de las propuestas resultó sorprendentemente innovadora pero, en su conjunto y en general, ofrecen una baraja respetable de ofertas para la discusión y, previsiblemente, de argumentos para generar uno que otro acuerdo que, esperemos, podría producir algunas reformas para escapar del atasco político en el que estamos atrapados.

No pretendo ofrecer al lector una valoración global de las propuestas y, de hecho, centraré mi atención únicamente en una de ellas (que proviene, además, solamente de una de las iniciativas) pero me parece relevante advertir una ausencia temática que resta méritos al conjunto de documentos ofertados como fuente de la reforma política que México necesita.

Ninguno de los actores ofrece un diagnóstico de la situación del federalismo mexicano de la era de la postransición y, en consecuencia, ni el presidente, ni los legisladores, ni los partidos –a juzgar por el texto completo de las iniciativas– se hace cargo del principal problema que aqueja a nuestro sistema político: la incapacidad estructural para producir políticas nacionales que ofrezcan garantías, en condiciones de igualdad, a los derechos y respuesta a los reclamos de los habitantes del territorio nacional.

Tal pareciera que, ante la complejidad del reto y ante las inercias del centralismo nuestro, nadie parece reparar en que la consolidación de la democracia mexicana y el paso hacia el constitucionalismo de los derechos se han quedado atrapados en las arenas movedizas de los privilegios locales que han dado lugar y sentido a lo que ahora se conoce –mediante un lugar común– como el “neofeudalismo” mexicano.

En cambio, de nueva cuenta y para no romper con el guión de nuestra tradición política, más de una de las iniciativas recoge viejas y nuevas ideas para ajustar el sistema electoral.

Un día, me temo, el electoralelismo terminará por asfixiar a la democracia que construimos, precisamente, a través de reformas electorales.

Por eso –y para evitar que ello suceda– es importante que, junto con las reformas relacionadas con el funcionamiento del aparato político-electoral y de representación política en general, se materialicen modificaciones que impactan en otras esferas de la administración pública como las que tienen que ver con la autonomía del ministerio público o de la Auditoría Superior, por citar dos ejemplos concretos.

Las reformas en estas áreas constituyen un complemento indispensable para poder hablar de una reforma del Estado –si bien incompleta mientras no se aborde el tema del federalismo– que permita, finalmente, concentrar los esfuerzos de las instituciones del país en el verdadero pendiente nacional: el lastimoso rezago social que mantiene a millones de personas en la pobreza y provoca una desigualdad insostenible.

Una de las propuestas que sale de la esfera electoral –y que ocupará mi atención en los siguientes párrafos– fue presentada por el presidente de la república: “otorgar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atribución para presentar iniciativas de ley, de forma exclusiva en el ámbito de su competencia”.

Es decir, “en lo que respecta a leyes directamente relacionadas con su funcionamiento y atribuciones, previa aprobación por una mayoría de por lo menos ocho votos de sus miembros”.

A juicio del presidente “con ello se pretende lograr un equilibrio más constructivo entre los Poderes de la Unión que a la vez garantice que no exista injerencia en asuntos legislativos diferentes a los del ámbito de su competencia”. Con esa finalidad, en concreto, en lo que nos interesa, se pretende modificar el artículo 71 de la Constitución para quedar de la siguiente manera:

“Artículo 71.-

I... a III...

IV. A la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, siempre que la iniciativa hubiera

sido aprobada por una mayoría de por lo

menos ocho votos de sus miembros, respecto

de las siguientes leyes:

a) Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;

b) Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta

Constitución; y

c) Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo

105 de esta Constitución.

V.”

No tengo dudas de que la intención que descansa detrás de la propuesta es positiva. Todo aquello que tenga por objeto fortalecer el principio de la división de los poderes –pilar fundamental del Estado Constitucional– debe considerarse de manera positiva.

Sobre todo en un contexto latinoamericano en el que las autoridades de algunos países –señaladamente Venezuela– que dicen promover un “nuevo constitucionalismo latinoamericano” sostienen la idea de que esa es una institución “liberal- burguesa”, erradamente importada de Europa, que en nuestro continente debe abandonarse.

Nada más equivocado: la separación y división de los poderes es un instrumento insustituible para limitar al poder político y, en esa medida, ha sido y sigue siendo una condición institucional necesaria para ofrecer garantías efectivas a los derechos de las personas (en particular, pero no sólo, a los derechos de libertad clásicos).

Así que el sentido que mueve a la iniciativa es el correcto. Sin embargo, como argumentaré a continuación, la propuesta en concreto no abona en esta dirección. O, para decirlo con otras palabras, la intención es buena pero la propuesta, no.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los últimos quince años, por razones institucionales y coyunturales se ha convertido en un actor político muy relevante. Eso no es bueno ni malo en sí mismo.

A lo sumo podemos decir que es un signo más de la transición democrática: basta con advertir que detrás de las acciones y controversias constitucionales –que son dos de los recursos más relevantes desde un punto de vista político que llegan a la Corte– descansan conflictos que son producto de la presencia institucionalizada de la pluralidad política que caracteriza al país.

Pero, precisamente, por lo mismo, es importante que la propia Corte –a la vez que es un contrapeso para los Poderes Ejecutivo y Legislativo– tenga limitaciones institucionales precisas y certeras. La propuesta del presidente, a pesar de la intención declarada en la iniciativa, abona, paradójicamente, en la dirección opuesta. Ello, me parece, principalmente, por las siguientes razones:

a)      Porque el poder legislativo debe mantener la capacidad jurídica y política de controlar al Poder Judicial mediante la aprobación de leyes que afecten la organización interna y el funcionamiento de éste. Incluso, este es uno de los mecanismos más poderosos de contrapeso que el Poder Legislativo democrático tiene ante el Poder Judicial.

Una Corte autárquica y sin contrapesos sería lo peor que podría pasarle a la justicia mexicana. Ello, sobre todo, porque las tendencias de cualquier poder hacia la opacidad y la discrecionalidad sólo pueden contrarrestarse con la intervención de otro poder que las contenga. Esa es la lección clásica (y elemental) que nos dejó el Espíritu de las Leyes.

b)       Si la iniciativa del presidente tiene éxito, la politización de la Corte aumentaría y, en este caso, por malas razones y con efectos nocivos. Los ministros tendrían la posibilidad de impulsar iniciativas de su interés y, con toda probabilidad, se convertirían en promotores y cabilderos de las mismas.

La relación del máximo tribunal del país con el Congreso de la Unión, entonces, adquiriría una dinámica de “toma y daca” poco prometedora. No perdamos de vista que a la Corte, entre otras tareas, le corresponde controlar la constitucionalidad de las leyes aprobadas por el Congreso. La tentación de negociar e intercambiar apoyos, entonces, podría terminar descarrilando a nuestro Estado constitucional.

c)       En est sentido parece equivocada la idea de que las iniciativas de la Suprema Corte provinieran de la decisión de ocho ministros integrantes de la misma. Ello por la simple razón de que es el mismo número de votos que se requiere para declarar –con efectos generales– la inconstitucionalidad de una ley.

d)       Y,por último, me temo que una ley originada en la iniciativa de los ministros de la Suprema Corte nacería blindada contra cualquier tipo de control de constitucionalidad: ¿Qué juez, de cualquier instancia, se atrevería a determinar la incompatibilidad con la constitución de una norma que fue redactada en las oficinas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo cual no nos dice nada del contenido de esa ley hipotética que perfectamente podría ser inconstitucional por su contenido.

Me parece que la ampliación de la potestad para presentar iniciativas de ley debería orientarse hacia otros organismos como el Instituto Federal Electoral o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que, en virtud de su autonomía y por no ser poderes, podrían impulsar propuestas en su materia que, a diferencia de lo que sucedería en el caso de la Corte, no surgirían inmunizadas contra el control de constitucionalidad ni serían (al menos no previsiblemente) el producto de intercambios inapropiados. Al menos no desde posiciones de poder.

Cuando pensamos en el poder judicial conviene recordar una máxima del liberalismo ilustrado: de su independencia depende el Estado constitucional, y de éste último penden, ni más ni menos que nuestras libertades.


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