Crisis de la República: ¿reforma o refundación del cuerpo político?

Los problemas o males que nacen en el cuerpo político, sugiere Maquiavelo en El Príncipe, se curan pronto si se les reconoce con antelación

Por: Sergio Ortiz Leroux
 
Al igual que el cuerpo humano, el cuerpo político también puede enfermarse. En un principio, la enfermedad del cuerpo humano es fácil de curar y difícil de reconocer, pero al paso del tiempo, si no se le ha identificado en un comienzo ni aplicado la medicina o el tratamiento conveniente, pasa a ser fácil de reconocer pero difícil de curar.
 
Lo mismo sucede con los asuntos del Estado. Los problemas o males que nacen en el cuerpo político, sugiere Maquiavelo en El Príncipe, se curan pronto si se les reconoce con antelación, pero si por soberbia, negligencia, cálculo político, interés, o lo que es peor, ignorancia, no se les reconoce a tiempo y se les deja crecer de forma tal que llegan a ser de dominio público, ya no hay remedio posible.
 
La enfermedad se convierte en incurable. México atraviesa una crisis de Estado. Los fundamentos que le ofrecieron legitimidad al Estado están hoy en entredicho. Las instituciones y el derecho se han rebajado de lo universal al momento de lo particular.
 
El consenso normativo que expresan y que les ofrece horizonte de sentido y de futuro se ha fracturado. No estamos, entonces, ante una crisis menor que pueda solucionarse con una simple aspirina. No es, como algunos pronostican, una crisis postelectoral, que inició el 2 de julio y terminaría el 1 de diciembre con la toma de posesión de Felipe Calderón.
 
La República tiene algo más que un mero dolor de cabeza pasajero. Se trata, más bien, de una crisis mayor que requiere terapia intensiva.
 
Si no nos hacemos cargo de ella ahora y entre todos (ciudadanos, organizaciones sociales, partidos políticos, gobiernos locales, pero sobre todo, el gobierno federal); si no reconocemos que la conflictividad y pluralidad sociales no han encontrado suficiente correspondencia con la esfera de la institucionalidad política, puede ser demasiado tarde y el tumor maligno acabará contaminando al conjunto del cuerpo político.
 
El fantasma de los tres diez: 1810, 1910 y el próximo 2010 anda ya merodeando por ahí. Pero si reconocemos a tiempo la magnitud de la enfermedad, estaremos en posibilidades de aplicar la medicina correspondiente.
 
Es difícil determinar el momento preciso en el que comenzó a cultivarse esta crisis política. Ya el tiempo ayudará a ver las cosas con mayor distancia y cuidado. Sin embargo, puede afirmarse que el ambiente político empezó a enrarecerse a partir de la torpe decisión política del gobierno de Vicente Fox de desaforar al entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.
 
A partir de entonces, el sello distintivo de la política partidaria y de la relación entre los gobiernos federal y el del Distrito Federal fue una lucha abierta, desbocada y descarnada por el poder que tuvo como desenlace provisional el descarrilamiento electoral del pasado 2 de julio; descarrilamiento que ha marcado y seguramente marcará los meses subsecuentes.
 
En las siguientes líneas, ofreceremos una clave de lectura de la crisis política que atraviesa actualmente nuestro país a partir de su diagnóstico, no como una crisis postelectoral pasajera que pueda resolverse a golpe de una nueva generación de reformas electorales, sino como una crisis política, vale decir, una crisis de Estado, que podría enfrentarse y, tentativamente, resolverse si se refundan las bases de la República.
 
Para ello, en un primer momento, nos detendremos en el proceso electoral del 2006 como momento de quiebre de la salud de la República, para después, en un segundo momento, ofrecer las razones, el contexto y los elementos centrales de la cirugía mayor que se requiere llevar a cabo en nuestro país, si lo que se quiere al final del túnel es enfrentar y, en su caso, superar la crisis política que atraviesa actualmente nuestra República. 

El quebrantamiento de la salud: las elecciones de julio del 2006

En el año 2000, muchos (entre los que me incluyo) interpretamos la alternancia en la Presidencia de la República como el fin de la transición hacia la democracia y el inicio (posible) de la consolidación democrática.
 
Señalábamos, entonces, que la derrota de la llamada “dictadura perfecta” en las elecciones federales era condición de posibilidad para hablar de democracia en serio. Creo, a la distancia, que pecamos de ingenuos u optimistas.
 
No bastaba sacar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Los Pinos para otorgarle carta de mayoría de edad a nuestra joven democracia. No bastaba terminar con la simbiosis entre partido y Estado para acreditar la civilidad democrática.
 
Se necesitaba, además, llevar a cabo un proceso intenso y profundo de reforma del Estado que sentara las bases de un nuevo régimen político sustentado en una relación de equilibrio y corresponsabilidad entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. La alternancia, en este sentido, sería coronada necesariamente con la reforma del Estado. Lamentablemente eso no sucedió.
 
El autodenominado “gobierno del cambio” y su partido, Acción Nacional, concentraron en un primer momento sus baterías en las reformas económicas estructurales. La reforma del Estado, según sus cálculos, vendría en un segundo momento. Craso error. Si algo divide a la sociedad mexicana y a sus diversas expresiones sociales y políticas, es precisamente el tema de las reformas estructurales.
 
Como consecuencia de ese error de apreciación –y también, hay que decirlo, de una fuerte mezquindad y poca altura de miras de las oposiciones–, la relación entre el poder Ejecutivo, en manos del PAN, y el Congreso, bajo el control de la oposición (PRD y PRI), estuvo marcada en adelante por la desconfianza, la confrontación y la consecuente parálisis legislativa.
 
Luego entonces, en el contexto de una alternancia presidencial sin reforma del Estado, de una transición sin consolidación, el bono democrático de origen del presidente Vicente Fox se fue agotando poco a poco.
 
El correlato fue, como es de dominio público, una presidencia débil, un vacío de poder que, como todo vacío, fue llenado por los poderes fácticos (crimen organizado, medios de comunicación, grupos empresariales, sindicatos corruptos, Iglesia, etcétera) y, evidentemente, una sucesión adelantada con varios meses de anticipación.
 
El proceso electoral del 2006 comenzó con la decisión equivocada de Vicente Fox de desaforar a Andrés Manuel López Obrador. Ese acto de origen marcaría el destino y el tono de las campañas presidenciales.
 
La naciente democracia mexicana sería puesta a prueba en una contienda electoral marcada por la competencia y, sobre todo, por el enfrentamiento abierto y rijoso no entre dos candidatos de dos partidos diferentes (PAN y PRI), sino entre dos proyectos de nación distintos (y en ciertos puntos, antagónicos) que se habían puesto en escena previamente en el gobierno federal y en el local: uno, encabezado por el candidato de la derecha: Calderón; y el otro, dirigido por el candidato de la izquierda: López Obrador.
 
Como ha dicho Lorenzo Meyer, la verdadera prueba de fuego de la joven democracia mexicana no fue en el año 2000 con la derrota del Revolucionario Institucional y el triunfo de Acción Nacional, sino se dio en las elecciones federales del 2006 cuando nuestras leyes e instituciones políticas y electorales debían procesar la competencia y posible alternancia entre dos proyectos de nación distintos y, en ciertos casos, antagónicos. Esa prueba de fuego, como fuimos testigos, no fue superada. 
 
En los discursos sobre la primera década de tito livio, Maquiavelo sostiene que el Estado es fruto de una desmesura protagonizada por dos deseos antagónicos: el deseo o apetito de los Grandes de mandar y de oprimir; y el deseo o apetito del Pueblo (los Pequeños), de no ser mandado y no ser oprimido.
 
Como todo deseo, el apetito de los Grandes de dominar y el del pueblo de no ser dominado es insaciable. Entre ambos deseos o apetitos irreductibles, aparece el Estado.
 
Desde la óptica maquiavélica, el poder político no nace de un contrato voluntario entre los hombres ni es la forma velada que defiende los intereses particulares de la clase dominante, sino es fruto de dos deseos contrapuestos, de dos apetitos por principio insaciables.
 
El Estado nace, entonces, para mediar entre ambos deseos: por una parte, para defender la libertad de los Pequeños del apetito excesivo de opresión de los Grandes, y por la otra, para defender a los Grandes del deseo excesivo de libertad de los Pequeños. Cómo lo hace: mediante el recurso de la ley.
 
En este sentido, la ley no elimina el conflicto social, sino lo traduce en conflicto político en torno a una normatividad (iuris consenso), que expresa un consenso normativo que permite que los apetitos distintos e insaciables se subordinen a un criterio universal de justicia que haga iguales a los desiguales.
 
Ese estado como mediador, ese orden civil (polis-civitas) sustentado en el predominio de las leyes y de las instituciones por sobre los apetitos insaciables de las partes, es el que se fue desdibujando poco a poco antes y durante las elecciones federales del 2006. Cuatro acontecimientos previos al 2 de julio sustentan esta afirmación:
 
  1. El consejo general del instituto federal electoral (IFE) no estuvo a la altura de las circunstancias dado que sus integrantes no gozaron desde un principio de la confianza de todos los actores políticos. A diferencia del consejo anterior, el nuevo Consejo General del IFE no fue electo por unanimidad de todos los partidos políticos representados en el Congreso, sino principalmente por dos de ellos: el PRI y el PAN. Ello le restó autoridad moral y política para conducir el proceso con imparcialidad. Y en los momentos decisivos de la campaña sus decisiones fueron tímidas y tardías. Al momento de regular las llamadas “campañas negativas”, fue más bien el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que les enmendó la plana. Ciertamente, no hay elementos para afirmar que sus integrantes actuaron de mala fe o por consigna, pero sí demostraron falta de oficio político para conducir el proceso electoral bajo los principios rectores de equidad, legalidad y transparencia. 
  2. A diferencia de su antecesor, Ernesto Zedillo, el presidente Vicente Fox no jugó un papel de jefe de Estado sino de jefe de gobierno durante las campañas electorales. La administración de Vicente Fox pagó, en los meses de febrero a junio del 2006, más de 400 mil spots publicitarios en los que resaltó su trabajo y llamó a la ciudadanía a que apoyara la continuidad. La frase: “hay que cambiar de jinete pero no de caballo” no era gratuita. Expresaba un respaldo tácito a Calderón y una condena velada a López Obrador, quien fue estigmatizado hasta el cansancio como “populista”. Ciertamente, en democracias consolidadas es completamente normal que el presidente en turno haga campaña a favor del candidato de su partido. Empero, en nuestro país eso está prohibido expresamente en la ley electoral. Además, no somos una democracia consolidada. Se puede afirmar que lo mismo hicieron tanto el jefe de gobierno del Distrito Federal como los gobernadores del PRI, pero eso no exime de responsabilidad al presidente de la República, más si se considera que éste se encuentra en el vértice de la pirámide del poder. Su responsabilidad es, por tanto, la mayor de todas. 
  3. La campaña mediática sustentada en el mensaje: “López Obrador es un peligro para México” introdujo un ambiente de linchamiento inadmisible en una democracia. En una competencia electoral que se presume democrática, nadie puede ser un peligro para nadie, en tanto que nadie a priori puede erigirse como el juez último y definitivo que decida qué es lo bueno o lo malo, lo saludable o lo peligroso para México. Eso lo decidirán los ciudadanos con sus votos el día de la jornada electoral. Nadie más. Al peligro se le huye, se le aísla, se le erradica. El peligro es sinónimo del enemigo, y sólo en los regímenes totalitarios el otro es visto o construido expresamente como un enemigo al que hay que destruir o exorcizar. Ciertamente, López Obrador había calificado previamente al presidente de “chachalaca” en una desafortunada expresión, por decir lo menos, pero eso no autorizaba a sus contrincantes a descalificarlo con el eslogan de que es un “peligro para México” o de asociarlo con la figura controvertida del presidente venezolano Hugo Chávez.  
  4. El consejo coordinador empresarial intervino ilegalmente en la campaña electoral al tomar partido por el candidato de Acción Nacional. Según la ley electoral, los particulares están impedidos a contratar tiempos de televisión para difundir mensajes electorales; ésta es una atribución exclusiva de los partidos políticos. Al mismo tiempo, no fueron pocas las denuncias en contra de empresarios que indujeron al voto para el PAN entre sus empleados. Así pues, los empresarios y algunos medios de comunicación fueron construyendo alrededor de López Obrador y su campaña una “leyenda negra” que tuvo fuerte impacto negativo en ciertas franjas del electorado. Ello, obviamente, no exime a López Obrador de los errores propios cometidos durante su campaña ni del efecto que éstos tuvieron en la baja notoria de sus preferencias electorales. 
 
Esta secuencia de acontecimientos ilustran, entre otras cosas, el proceso de descoloramiento de las instituciones antes y durante el proceso electoral.
 
De ahí que no era de extrañar que asistiéramos el 2 de julio y los días posteriores a la crónica de un conflicto anunciado. Más aún, si se considera el empate técnico que obtuvieron el candidato del PAN y el de la Coalición por el Bien de Todos el día de las votaciones.
 
En adelante, las desconfianzas y los desacuerdos entre las partes serían moneda corriente: López Obrador descalificaría los resultados electorales y solicitaría el re-conteo de todos los votos en todas las casillas del país; el PAN solicitaría que las instituciones electorales se ajusten estrictamente a lo estipulado en el código electoral; el IFE llevaría a cabo las sesiones de conteo de actas distritales en medio de una buena dosis de descrédito; el Tribunal ordenaría volver a contar cerca de 11 mil casillas electorales que no afectan el resultado final.
 
No viene ahora al caso detenernos a evaluar cada uno de los momentos y de las etapas del conflicto post-electoral ni el papel que jugaron en el mismo los contendientes principales. Cada quien deberá asumir la responsabilidad que le toca. Lo que en todo caso me interesa resaltar es que la sociedad salió más dividida después del 2 de julio.
 
Las elecciones no resolvieron el conflicto que se venía gestando con anticipación sino lo agudizaron. El sentimiento de agravio se ha apoderado de una franja importante de la sociedad mexicana. Ignorar esto es desconocer la enfermedad que afecta a nuestro cuerpo político.

La cirugía mayor: hacia una refundación del Estado 

Claude Lefort sostiene en sus Ensayos sobre lo político que todo régimen político se caracteriza por una cierta puesta en forma de la coexistencia humana.
 
Cualquier puesta en forma implica una puesta en sentido y una puesta en escena. Mediante la primera, se instituyen las condiciones de inteligibilidad que le dan sentido e identidad a las acciones individuales y colectivas; mediante la segunda, el régimen se pone en escena mediante un conjunto de signos y de ritos que hace visibles a la sociedad. Ambas puestas en forma, están siendo cuestionadas actualmente en el régimen mexicano.
 
En efecto, los consensos normativos que ofrecen referentes de acción común están fracturados. La ley es interpretada de manera no sólo distinta sino incluso opuesta. Y las instituciones que están encargadas de hacer la ley, sancionar su violación y resolver su constitucionalidad gozan hoy de un fuerte desprestigio público.
 
Al mismo tiempo, los signos y ritos que ponen en escena al régimen político ya no cumplen su cometido dado que hacen visible la fractura y no el consenso, fruto del disenso. Pensemos, por un momento, en los signos y ritos que hacen visible a nuestro presidencialismo. Hoy todos ellos se están cayendo a pedazos.
 
El 1 de septiembre, el presidente Fox no pudo rendir su Informe de Gobierno (más bien mensaje) a la Nación, en la sede del Congreso. El famoso Informe de Gobierno, viejo día del Presidente de la República, terminó en un simple spot televisivo.
 
El 15 de septiembre, el Presidente de la República no pudo dar su último Grito de Conmemoración de la Independencia Nacional desde el balcón de Palacio Nacional como sí sucedió con sus antecesores. El desfile deportivo del 20 de noviembre, presidido por el “señor presidente”, fue cancelado hasta nuevo aviso. 
 
La dimensión simbólica del poder, sostiene Lefort, es tan importante como su dimensión institucional. La caída de los símbolos de su puesta en escena es paralela a la pérdida de legitimidad de las instituciones que encarnan su puesta en sentido.
 
De ahí que la crisis que atraviesa nuestro país, la enfermedad que corroe su cuerpo político, no sea una crisis provisional que requiera una cirugía menor (por ejemplo, una nueva reforma electoral), sino se trata de una crisis de Estado, una crisis política, que reclama una cirugía mayor (refundación del Estado).
 
Ciertamente, resulta indispensable hacer una nueva reforma electoral que establezca y acote en la ley los tiempos y las modalidades en los que exclusivamente pueda hacerse propaganda político-electoral y reduzca significativamente los costos de las campañas.
 
Empero, dicha reforma podrá controlar por un momento los síntomas de la enfermedad, pero no atacará sus causas. El cuerpo político de la Nación requiere una cirugía mayor que dé viabilidad a una nueva puesta en forma de la sociedad mexicana. Esa nueva puesta en forma quedaría sellada con la refundación simbólica e institucional de la República.
 
Por ahora, no se vislumbra en el horizonte la posibilidad de resolver en lo inmediato o a mediano plazo esta fractura. El presidente constitucional, Felipe Calderón, no ha dado muestras de reconocer la magnitud de la enfermedad y se ha limitado a sostener que aplicará toda la fuerza del Estado para hacer respetar la ley y el Estado de derecho.
 
El decisionismo calderonista parece desconocer que el problema no consiste en aplicar a tabla raza el imperio de ley, sino en volver a reconstruir los consensos normativos que le dan viabilidad y sentido común a la ley y a las instituciones políticas.
 
Nuestra crisis política no se resolverá con un Estado decisionista y fuerte, sino con un nuevo orden civil, vale decir, un nuevo pacto social en el que se controlen los apetitos particulares a fin de proteger los intereses generales de la Nación.
 
Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, al ser proclamado y proclamarse como “presidente legítimo”, ha concentrado su estrategia en la denuncia de la ilegitimidad de Calderón y en la defensa de los cinco puntos centrales de la Convención Nacional Democrática:
 
a) Combatir a fondo la pobreza y la creciente desigualdad que imperan en nuestro país
 
b) Defender el patrimonio de la Nación
 
c) Hacer valer el derecho público a la información
 
d) Luchar contra la corrupción y la impunidad
 
e) Luchar para que las instituciones nacionales sean objeto de una renovación profunda.
 
Dicha estrategia tiene la fortaleza de contar con una fuerte base social (por ahora, nadie más que él la tiene) que se siente agraviada, está agraviada, y no parece desmovilizarse, pero, al mismo tiempo, tiene la debilidad intrínseca a dos lógicas difíciles de conciliar: la lógica de conciliación intrínseca a las administraciones locales y municipales bajo el control del PRD, y la lógica de confrontación inherente al movimiento lopezobradorista.
 
De la capacidad y habilidad para resolver este difícil dilema, dependerá en buena medida el futuro del PRD como opción electoral y del movimiento social como alternativa de gobierno legítima.
 
Todo parece indicar, entonces, que seremos testigos de un sexenio de confrontación entre dos posturas que a primera vista parecerían irreductibles. ¿No podrá vislumbrarse otro horizonte de futuro? Más allá del optimismo de la voluntad y más acá del pesimismo de la razón, sostengo que sí es posible vislumbrar otra salida a la crisis política del país.
 
Algunas voces han propuesto, especialmente diputados y senadores del llamado Frente Amplio Progresista (frente político conformado por el PRD, Convergencia y el Partido del Trabajo), que el Congreso podría ser el escenario para ofrecer una salida política, legal e institucional a la crisis actual si se hace cargo de la profundidad de la misma y, en consecuencia, emprende un proceso de cambio de fondo de las instituciones del país.
 
Esperemos que esas voces encuentren eco en los oídos de sus adversarios. Bajo esta óptica, el movimiento social lopezobradorista no sería un supuesto dique anti-institucional, sino su principal catalizador social, es decir, la garantía pública para que las reformas institucionales no fueran cosméticas sino sustantivas. Apoyaría desde la movilización pacífica en las calles, los cambios que se instrumentarían en las cámaras.
 
¿Cuál sería el eje de ese “cambio de fondo” de las instituciones? Me parece que si se quiere volver a ajustar lo simbólico y lo institucional tendría que acordarse un nuevo Constituyente que se haga cargo de redactar una Nueva Constitución para la Nueva República.
 
Al respecto, existen un sinnúmero de propuestas que se han elaborado sobre el particular que abarcan tanto aspectos políticos, sociales como económicos. Por ahora me gustaría concentrarme en un cambio político que sería el punto de partida de otros cambios. Me refiero en específico a la forma de gobierno.
 
El presidencialismo mexicano resultó funcional en el contexto de un partido hegemónico y un gobierno unificado. En la era del pluripartidismo y de los gobiernos divididos, el presidencialismo ha creado más problemas de los que ha resuelto, dado que ha generado lógicas de suma cero que desincentivan cualquier forma de cooperación.
 
Habría, entonces, que volver a abrir la discusión sobre la viabilidad y conveniencia de transitar hacia una forma de gobierno semipresidencialista (con Ejecutivo bicéfalo: Presidente y Primer Ministro) o hacia un gobierno parlamentario.
 
Ese cambio “madre” sería el punto de partida y de referencia necesaria de otros cambios políticos no por ello menores que abarcarían temas centrales como: federalismo, municipios y autonomías; segunda vuelta en la elección presidencial y de diputados y senadores; referéndum, plebiscito e iniciativa popular, etcétera.
 
Con estos cambios, la salud de la República podría mejorarse. No digo con ello que inmediatamente el cuerpo político gozaría de cabal salud. Siempre existe el riesgo de volver a caer en cama. Siempre existe el riesgo de que los apetitos vuelvan a desbordarse.
 
Pero, por lo menos, el Estado y sus instituciones recuperarían su capacidad conciliadora, y el derecho su punto de referencia como esfera donde se expresa el consenso normativo mínimo de una sociedad necesariamente plural y conflictiva. Y eso, en nuestro actual estado de naturaleza hobbesiano, no me parece poca cosa. 
 

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