Aumento del umbral de votación nacional. Del 2 al 4

Se explota una pulsión primitiva y contradictoria, con la finalidad de que en la boleta aparezcan menos opciones

Por: José Woldenberg

Nuestro diseño electoral tiene una gran virtud: la permanencia de los partidos depende del apoyo ciudadano. Me explico. Si una corriente política e ideológica no se identifica con ninguno de los partidos existentes tiene la posibilidad de forjar su propia opción organizativa.

La ley establece los requisitos: presentar una declaración de principios, unos estatutos y un programa de acción, y probar que tiene 0.26 por ciento de afiliados en relación al padrón, los cuales tienen que comparecer en por lo menos 20 asambleas estatales o 200 distritales (las primeras con un mínimo de 3 mil afiliados y las segundas con 300).

Es decir, existe una puerta de entrada para nuevas opciones. Esa puerta se abría cada tres años pero la reforma del 2007 estableció que ahora se abrirá cada seis. Fue un error. Ya que para cada nueva elección federal debe existir la posibilidad de registrar nuevos partidos. 

El refrendo del registro depende de que el partido logre un mínimo de votación de 2 por ciento en cada elección federal, sin el cual pierde su reconocimiento legal y con ello sus derechos y prerrogativas.

Además, hoy existe un mecanismo de liquidación de los bienes de esos partidos para que lo que se construyó con recursos públicos no acabe en manos privadas.

Durante un largo periodo, ese mecanismo de refrendo fue trastocado por la fórmula de integración de las coaliciones. Dado que la ley establecía que los partidos coaligados debían aparecer en la boleta con sus emblemas reunidos o que tenían que generar un nuevo emblema, nadie podía saber cuántos votos aportaba a la coalición cada uno de los partidos.

Ello obligaba a que los mismos realizaran un convenio donde a priori se establecía el reparto porcentual de los votos obtenidos por la coalición, lo cual suponía garantizar a los partidos pequeños por lo menos el dos por ciento de los sufragios.

Sin embargo, eso se corrigió en la reforma de 2007. Y hoy, la ley admite las coaliciones, pero cada uno de los coaligados aparece por separado en la boleta, lo que permite saber si tiene el mínimo de apoyo ciudadano que establece la ley. 

De tal suerte que existe una puerta de salida eficiente que se activa cuando un partido no alcanza un mínimo de respaldo ciudadano. Si pensamos en una elección en la que votan 40 millones de personas, un partido requiere por lo menos 800 mil votos para mantenerse en el circuito institucional.

Y el mecanismo ha funcionado. Por esa vía perdieron su registro organizaciones tan diferentes como el PPS, PARM, PFCRN, PDM, PSN, PSD, y PCD.

Pero también, con esa fórmula se logró que ninguna corriente política medianamente significativa quedara fuera del espacio institucional. Y cuando escribo significativa no aludo a su ideario, a sus prácticas o a su política, sino al respaldo ciudadano.

Se trató de un ciclo inaugurado en 1977 que paulatinamente permitió la inclusión de muy diversos partidos, y que fue capaz de lograr que en la boleta apareciera un espectro de fuerzas auténticamente plural, que intentaba representar a una sociedad compleja, diversificada, masiva y contradictoria. Y eso no es poca cosa.

Hoy, retomando el malestar que se expande en relación a la política y los partidos, el presidente propone incrementar de 2 al 4 por ciento de los votos el requisito para refrendar el registro. Se explota una pulsión primitiva y contradictoria, con la finalidad de que en la boleta aparezcan menos opciones.

Primitiva porque apoyándose en el desafecto que hay con la política y con las prácticas de los partidos, se cancelará la posibilidad de que opciones implantadas puedan seguir trabajando en el espacio institucional.

Y contradictoria, porque no deja de llamar la atención que aquellos que se sienten más distantes de los partidos sean precisamente los que aplaudan la cancelación de la emergencia de eventuales nuevas opciones.

Se quiere resolver con una fórmula inconveniente un malestar difuso. La ley debe mantener un mínimo razonable para que una opción política se mantenga viva en el mundo institucional y para que ninguna se sienta excluida.

Pero la ley no puede garantizar la calidad de esa participación. La ley poco puede hacer por los atributos de la política, pero sí puede garantizar que en los cuerpos representativos aparezca la diversidad de opciones con apoyo social. Y esto es lo que se estaría erosionando de prosperar la iniciativa.

Pero además, de avanzar el nuevo diseño, no resolverá lo fundamental. Dado que lo más probable es que de todas formas refrenden su registro 4 o 5 partidos –con tres fundamentales, fuertemente implantados–, la creación de mayorías congresuales seguirá siendo más producto de las negociaciones que de los resultados electorales, porque difícilmente algún partido logrará –en el futuro inmediato– más de 50 por ciento más uno de los votos o los escaños.

En suma, ni por razones políticas ni por cálculos pragmáticos conviene elevar el porcentaje de votos para que un partido mantenga su registro.

No resulta convenient cercenar a la pluralidad política que hoy vive y convive en el Legislativo. 

 


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