Agendas para la construcción ciudadana: tres miradas sobre la democracia mexicana:

La presente sección se construyó para articular una visión plural, amplia y accesible sobre el estado actual y las agendas más urgentes que debe enfrentar la democracia mexicana.Ivabelle Arroyo, Adrián Acosta Silva y Sergio Ortiz Leroux exponen sus miradas

Por: Ivabelle Arroyo, Sergio Ortiz Leroux y Adrián Acosta Silva

Tres miradas sobre la democracia Mexicana

1.      ¿Cuál es el estado actual de la democracia en México?

Ivabelle Arroyo

Está en un momento delicado. Engordamos instituciones, afinamos y sofisticamos la cerrajería electoral, pero desatendimos la construcción de ciudadanos. Por lo tanto, el sistema de partidos se debilitó, la confianza en la democracia como método de renovación de autoridades está en entredicho y los partidos políticos perdieron militancia y compromiso. Incluso los nuevos, incluso los ganadores. Hay una identificación peligrosa entre líderes y bases, un preocupante fortalecimiento de élites y un debilitamiento de la militancia libre.

Esto supone el riesgo de retroceso a un sistema de representación directa, más cercano a la identificación emocional que a la agregación racional de intereses, anclado en mecanismos directos de ayuda a la población más vulnerable y, por lo tanto, desventajoso para la construcción de opciones ideológicas que nos gobiernen.

No me refiero solo al estilo político de Morena. Morena no lo inventó: lo fueron afinando el PRI, el PAN y el PRD en los lugares en los que han sido gobierno.

Nuestra democracia tiene solamente un pilar sólido: la jornada electoral. Y es sólido porque ahí el enfoque institucional cayó sobre el ciudadano y construyó una idea de soldaditos responsables por un solo día. Es imperfecto, pero es sólido. Lo demás (el proceso, el financiamiento, las inequidades, el clientelismo, los partidos) es débil porque no pone en la mira la responsabilidad ciudadana. Sin ciudadanos de calidad, las democracias son vulnerables.

 

Adrián Acosta Silva

Contra los pronósticos más pesimistas elaborados en los contextos de desencanto y escepticismo con la democracia mexicana durante, por lo menos, la última década, las elecciones del pasado 1° de julio confirmaron la buena salud pública de los procesos electorales y de sus principales instituciones. A pesar de la crisis de representación de los partidos, del decepcionante desempeño económico nacional, de la consolidación de la desigualdad social y la pobreza como rasgos dominantes del presente mexicano, del entorno de violencia e inseguridad pública que se extiende en prácticamente todo el país, la democracia mexicana ha cerrado más o menos exitosamente un ciclo y comenzado, con muchas incertidumbres, otro.

El ciclo que se agota puede ser caracterizado como el de un pluralismo de “rendimientos decrecientes”, ineficaz y pragmático, con la alternancia política como rutina institucional a nivel federal, estatal y municipal, y con prácticas políticas crecientemente aisladas del interés público y de las causas profundas de los problemas sociales que cualquier política democrática tendría que asumir como suyos. Las agendas de los partidos se han alejado cada vez más de las causas públicas y sociales. Las identidades partidistas se han diluido en la competencia por puestos, recursos y votos. Este ciclo largo de la “primera generación” de la democracia mexicana (1997-2018), parece haber cedido el paso a un nuevo esquema de participación y representación, construido en el contexto de un hartazgo antipolítico y antipartidista, pero que se ha resuelto en un reclamo cívico contundente por un liderazgo fuerte y un gobierno eficaz.

Si el primer ciclo descansó en el funcionamiento de un trinomio partidista más o menos estable (PRI/PAN/PRD), el nuevo ciclo ha significado el rechazo a los partidos tradicionales y la emergencia de un fenómeno político que se creía agotado: el partido de masas. Morena representa el retorno de un liderazgo caudillista y carismático organizado en un esquema complejo de intermediaciones simbólicas y prácticas. La legitimidad de ese liderazgo es clara y, coloca el régimen político en una ruta de transformaciones importantes en el corto y mediano plazo.

Ese liderazgo coexiste con poderes y procesos políticos regionales y locales que también se han transformado de manera acelerada, como es el caso de Jalisco, donde la emergencia de una nueva fuerza política desde el año 2015 (Movimiento Ciudadano) ha significado el desplazamiento de los partidos tradicionales (PRI/PAN). Como en el caso de Morena, el componente de un liderazgo fuerte –el alfarismo– surgido de múltiples rupturas previas de los partidos dominantes a lo largo de los distintos ciclos de alternancias entre el PAN y el PRI, se ha consolidado como una expresión política gobernante, operando en un contexto local que rápidamente ha marginado a las antiguos partidos y donde nuevas fuerzas (como Morena, crecida fundamentalmente bajo el efecto de “arrastre electoral” del lopezobradorismo), han configurado los contornos e interacciones de una nueva complejidad de la vida política local.

 

Sergio Ortiz Leroux

La democracia mexicana atraviesa una singular paradoja en pleno siglo XXI. En tanto que se ha consolidado el expediente electoral como el mejor instrumento o herramienta para elegir, renovar o revocar gobiernos y gobernantes de derechas e izquierdas, al mismo tiempo, y de manera paralela, la institucionalidad democrática (conformada, al menos, por partidos políticos, gobiernos federales, locales y municipales, parlamentos, tribunales de justicia y órganos constitucionales autónomos), atraviesa una profunda crisis de legitimidad y credibilidad. El desencanto en (y con) la democracia mexicana es, nos guste o no, el sello distintivo de nuestro tiempo, sobre todo entre las nuevas generaciones de millennials y anexas. La paradoja de la democracia mexicana nos recuerda algo que aparentemente habíamos olvidado en medio de los festejos de nuestra prolongada transición democrática: el gobierno popular es un régimen político frágil y demandante que requiere de ciertas precondiciones políticas y sociales para su adecuado despliegue y rendimiento. Sin la preexistencia de una sociedad justa, libre, igualitaria y, sobre todo, democrática, las instituciones de la democracia corren el riesgo (¿inevitable?) de convertirse en cascarones vacíos que dicen poco o nada a muchos. Sin el ánimo de ser exhaustivo, enumero tres precondiciones que requiere la democracia mexicana para, si se me permite la metáfora, no morir en el intento: a) un Estado democrático y social de derecho que combata la corrupción, ataque los privilegios de los poderosos y termine la impunidad; b) una sociedad justa e igualitaria que disminuya la desigualdad y la pobreza, sobre todo la extrema; y c) un modelo de desarrollo económico que garantice crecimiento sostenido con equidad. Se dice fácil, lo difícil es conseguir materializar esas precondiciones. Aquí están enunciados, creo, algunos de los principales retos que tendrá el próximo gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

 

2.      ¿Cuáles son las tres agendas más urgentes para lograr una sociedad más democrática, libre e igualitaria?

 

Ivabelle Arroyo

El impulso a la idea compleja de libertad. El impulso a la idea compleja de responsabilidad. Y, como consecuencia de las anteriores, el abandono de la idea paternalista del gobierno y la política.

 

Adrián Acosta Silva

Hay dos temas centrales que predominan en cualquier tipo de agenda para el desarrollo presente y futuro del país: la desigualdad y la corrupción. Ambos son temas estructurales, es decir, temas que han permanecido en el centro de los problemas públicos desde hace por lo menos tres décadas, cuyos efectos configuran una dinámica perversa de carácter sistémico, que atraviesa no solamente la esfera del funcionamiento y las prácticas del Estado, sino también las de la sociedad civil y el mercado, y que no han sido resueltos ni por las promesas de las reformas económicas (neoliberales) ni por los compromisos explícitos e implícitos de las reformas políticas (democratización).

La causalidad profunda de los problemas del desarrollo mexicano radica en la compleja estructuración de esos dos grandes temas. La lógica de la corrupción retroalimenta la lógica de la desigualdad y viceversa. La escasez de recursos y oportunidades vitales para muchos, y la salvaje concentración del ingreso en muy pocos, ha llevado a estrategias de obtención de recursos económicos y ventajas simbólicas que aseguren mínimos de movilidad, reconocimientos y estatus social entre los diversos estratos y clases sociales. Sus efectos coyunturales son los problemas públicos críticos que han emergido o se han consolidado a lo largo del siglo XXI: inseguridad pública y violencia homicida, debilidad institucional; desconfianza social objetiva (hacia las instituciones y figuras del poder) e intersubjetiva (desconfianza entre los propios ciudadanos y sus organizaciones), déficit de autoridad, erosión del sentido de lo público, ineficacia gubernamental, comportamientos depredadores de empresas y organizaciones. Esos problemas configuran las agendas críticas del desarrollo nacional y regional.

Esta relación entre agendas estructurales y agendas coyunturales marca el tono, los contenidos de las tensiones, los tiempos, las prioridades políticas y de políticas públicas de los actores protagónicos de la escena política nacional y local: el gobierno y los partidos. El proceso electoral federal ha significado un primer recorte a la agenda política nacional, colocando en el centro el tema de la corrupción como causalidad fundamental de los problemas públicos -que incluyen la desigualdad, la violencia o el narcotráfico- y colocando en el horizonte la necesidad de una nueva reforma fundacional de la República: la “Cuarta gran Transformación”. La legitimidad de ese relato ha alcanzado la Presidencia de la República y la mayoría de las cámaras de diputados y senadores. Habrá que ver ahora cuáles son los alcances, las limitaciones y la coherencia de las acciones que se desprenden de la “agenda ganadora” del lopezobradorismo, y de las capacidades institucionales que garanticen no solo el diseño, sino también la implementación de políticas públicas articuladas a las promesas de la nueva fuerza política dominante en el país.

 

Sergio Ortiz Leroux

Elegir es discriminar. Y discriminar solo “tres agendas más urgentes” para “lograr una sociedad más democrática, libre e igualitaria” no es una tarea sencilla. Comencemos por lo evidente. Sin Paz (con mayúsculas, y no hablo de nuestro poeta mayor), no hay democracia, ni política, ni sociedad dignas de esos nombres. La agenda más urgente, vale decir, urgentísima es pacificar el país. La guerra contra las drogas y el crimen organizado que comenzó en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), ha cobrado ya cientos de miles de muertos y desaparecidos. México no tiene presente ni tendrá horizonte de futuro como nación libre, soberana e independiente si no se pacifica el territorio nacional. Hay que explorar todos los caminos que estén a la mano para acabar de una vez por todas con esta brutal carnicería a la que todas y todos, por desgracia, nos hemos acostumbrado. En segundo lugar, tenemos una deuda histórica con las y los mexicanos más pobres. Si algo distingue a México en el concierto internacional, es por ser uno de los países más desiguales del mundo: más de la mitad de la población del país vive por debajo de la línea de la pobreza, mientras que cuatro de los más acaudalados millonarios del mundo también son mexicanos. No hay democracia que pueda recrearse en medio de tanta desigualdad y pobreza. Combatirla es una tarea más que urgente. Finalmente, pero no al último, la corrupción y su correlato la impunidad son una suerte de cáncer que ha invadido el cuerpo político mexicano. Más allá de si es un problema propio de nuestra naturaleza o cultura, lo cierto es que la corrupción y la impunidad no solamente han erosionado al Estado mexicano, tanto en términos de su hacienda pública como en clave de su viabilidad y credibilidad sociales, sino también han hundido a la sociedad mexicana en un pesimismo cultural difícil de revertir. ¿Seremos capaces de extirpar estos tumores malignos?

 

3.      ¿Cuál será el papel de la ciudadanía en el futuro de nuestra democracia?

 

Ivabelle Arroyo

Todo. Todo el papel, toda la responsabilidad la tiene la construcción de ciudadanos libres y responsables. Es muy importante recordar que los ciudadanos no son aquellos mexicanos que no pertenecen al gobierno o a un partido político. Los ciudadanos son los habitantes responsables de su presente, desde una farmacia, un partido o una oficina pública. Son mexicanos que no venden su voto, que no son ignorantes, que no caen ante mercadotecnia vacía, que no confían en promesas irrealizables, que saben cambiar de opinión, que respetan la opinión diferente, que pueden discutir sin pelear, que usan la cabeza, que buscan información. Con esos mexicanos se pueden construir partidos, gobiernos y sociedad para renovar periódicamente, en libertad, a las autoridades. En el fondo, solo eso es la democracia. Solo eso, pero se requiere todo lo otro.

 

Adrián Acosta Silva

La retórica de la ciudadanización de la política y de la vida pública que acompañó buena parte de la transición política mexicana, ha tenido logros importantes pero también efectos contrastantes, paradójicos y a menudo contradictorios. El saldo positivo mayor de la ciudadanización es la construcción de instituciones no políticas que juegan un papel importante en la regulación y legitimación de numerosos asuntos públicos: procesos electorales, rendición de cuentas sobre recursos públicos, derechos humanos, exigencias de transparencia e información de los programas, proliferación de “observatorios ciudadanos” en muchos temas, y una colección diversa de agencias gubernamentales federales, estatales y municipales.

La ilusión de una democracia sin partidos, el discurso de organizaciones no políticas sino sociales y cívicas, las imágenes de políticos que se autopromueven como ciudadanos virtuosos, dio lugar a efectos perversos y no deliberados en la aparición de pseudopolíticos, pseudoliderazgos y pseudopartidos que colonizaron las prácticas y representaciones políticas de varias zonas de la sociedad mexicana. El “independentismo” surgió como una expresión política que rápidamente (y al parecer fugazmente) se asentó como una nueva solución a los viejos problemas públicos. Sin embargo, las experiencias electorales recientes han mostrado los límites del fenómeno. Sabemos que los comportamientos de los ciudadanos obedecen a múltiples razones, factores y circunstancias; que la heterogeneidad ideológica y cultural es su seña de identidad, y que los esquemas de participación y representación en la vida política y pública no suelen ser atractivos para muchos segmentos de la ciudadanía.

El mayor efecto del fenómeno, es que el discurso de la ciudadanización ha contribuido de manera importante al debilitamiento del Estado y de las instituciones públicas. La retórica del “empoderamiento” ciudadano ha significado una disputa por recursos e instituciones en la esfera de lo público donde, con frecuencia, los que ganan son grupos de interés y grupos de poder específicos, privados, que incrementan su visibilidad y fuerza frente a los gobiernos y sus instituciones. De manera extraña, la ciudadanización se ha convertido en un relato que se complementa con la retórica del mercado como el mecanismo más eficiente de obtención de renta y distribución de bienes y prestigio. El resultado es una paradoja, la convivencia de dos ideologías aparentemente contradictorias: la mercadización como mecanismo y proyecto de la esfera económica de lo privado, y la ciudadanización como ilusión y proyecto instalado en la esfera política de lo público. Ambas convergen de manera simbólica y práctica en el cuestionamiento hacia la legitimidad y eficiencia de la intervención del Estado, de sus agencias, sus burocracias e instituciones, tanto en la esfera de lo privado como en la esfera de lo público.

 

Sergio Ortiz Leroux

La calidad de cualquier democracia, dicen los enterados, está estrechamente asociada a la participación de las y los ciudadanos en los asuntos públicos. La radicalidad de la democracia, sostiene Alexis de Tocqueville en La democracia en América, consiste en que la sociedad democrática, es decir, la ciudadanía se convierte en este régimen en un foco inagotable de invención política. A diferencia de los totalitarismos, los autoritarismos o las dictaduras, la democracia es una forma de sociedad que mantiene abiertos e indeterminados sus principales principios, normas y valores políticos. De ahí que el papel de la ciudadanía mexicana en el presente y el futuro de nuestra germinal democracia será invaluable y, sobre todo, insustituible: someter a crítica, tensión y, eventualmente, transformación los principios, valores y normas de la política democrática a fin de que estos se ajusten a las energías ciudadanas. Dicho de otra manera. La democracia tiene siempre un momento instituyente y otro momento que llamaremos de lo instituido. Para que el momento instituyente, fundador o creativo de la política mexicana no sea colonizado o eclipsado por el momento de lo instituido, que suele petrificarse muchas veces en el status quo bajo la forma de intereses o tradiciones dados, es necesario mantener abiertas y vitales las energías ciudadanas. Varias tareas tienen por delante los ciudadanos mexicanos en nuestra germinal democracia: a) vigilar y castigar (electoralmente), parafraseando a Foucault, el desempeño de los gobernantes; b) participar en el diagnóstico y pronóstico de los grandes problemas nacionales; c) colaborar en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas que atiendan esos problemas. Pero para que estas tareas no se conviertan en un simple ejercicio onanista o catártico, es necesario que los ciudadanos sean al mismo tiempo críticos y autocríticos a fin de no caer en la autocomplacencia y el engaño. A la democracia mexicana le urge, sí, que las y los ciudadanos participen en la res pública, pero le urge más, mucho más, que esa participación sea al mismo tiempo activa, informada y responsable.