2 de julio de 2006: ¿un guardagujas de la historia?

La democracia no es un espacio puro, delimitado por una línea nítida y sin rendijas por las que no se puedan colar prácticas que la subviertan y la desvirtúen

Por: Héctor Raúl Solís Gadea

La coyuntura electoral de 2006 aplicará un doble examen al sistema político mexicano: probará la credibilidad y eficiencia de la institucionalidad encargada de la gestión de los procesos electorales, y también pondrá a prueba la calidad de la democracia y el talante de la vida pública.

Ambos factores –el del grado de confiabilidad y eficiencia de los procesos electorales y el de la calidad del funcionamiento del régimen democrático en general– van a pesar de manera crucial en el desenlace de 2006 y en el porvenir que nos espera.

Es importante hacer esta distinción porque permite atribuir, con mayor precisión, responsabilidades a los actores y factores involucrados en el proceso: no todo lo que ocurra dependerá de la actuación de los organismos electorales ni de la correcta aplicación del marco institucional que regula lo que acontece antes, durante y después de la jornada electoral.

Mucho de lo que suceda será consecuencia, directa o indirecta, de la actuación de candidatos, partidos, grupos de presión, grupos de interés, empresas de comunicación, organizaciones influyentes en la opinión pública y, desde luego, los ciudadanos comunes.

Además, también pesarán las herencias del pasado: nuestras tradiciones de conducta pública (cultura política), el desempeño general del primer gobierno de alternancia y la forma en que es percibido socialmente, así como las insuficiencias legales e incapacidades institucionales que no ha sido posible subsanar, las cuales podrían impedir inhibir la ocurrencia de conductas que, en un momento dado, atentarían contra la adecuada marcha del proceso.

¿Qué está en juego en 2006? ¿Cuál es el nivel de riesgo que corre nuestra democracia? ¿Cuáles son las opciones históricas que se presentan? La significación de 2006 puede ser mejor identificada si se ponen las cosas en perspectiva y se formula un diagnóstico de las condiciones estructurales del régimen democrático mexicano.

Sólo una lectura ingenua de la realidad, alimentada por una interpretación teleológica 1 de la llamada transición a la democracia, puede sustentar la creencia de que nuestro joven régimen está totalmente consolidado.

La incipiente democracia mexicana no tiene garantizada de antemano su permanencia. Los ejemplos de retrocesos abundan en la historia y no tiene caso mencionarlos aquí. La democracia no es un espacio puro, delimitado por una línea nítida y sin rendijas por las que no se puedan colar prácticas que la subviertan y la desvirtúen.

Más bien, como afirma el politólogo estadounidense Thomas Carothers, la democracia puede ser una zona gris en la que coexisten elementos de distinto signo, entre ellos, modos de comportamiento autoritarios o no orientados por valores democráticos 2.

Dentro de un contexto de preservación de los rasgos básicos de la democracia electoral pueden ocurrir regresiones o también presentarse situaciones de estancamiento.

Así, se propicia toda suerte de insatisfacciones de los ciudadanos con respecto a la forma en que funciona la democracia cuando se instala en esa zona gris realmente existente: desde la presencia inerradicable de políticos corruptos y partidos atrincherados que de diversas maneras taponan los canales de la participación ciudadana, hasta la inevitable sensación de que la política no representa los intereses de la sociedad ni se preocupa por desempeñar ejercicios adecuados de gobierno. 

Si un fantasma recorre al mundo es el de la desafección de los ciudadanos hacia la política generada por la creciente sensación de que las democracias son incapaces de resolver los problemas clave de la vida pública y social.

La presencia de ese fantasma puede propiciar dos riesgos concomitantes muy graves:

1) Entre los ciudadanos, un desánimo tal que implique la posibilidad de retirar su apoyo a la democracia y, eventualmente, enfocar sus energías al surgimiento de líderes con respaldo plebiscitario que, en aras de hacer efectivas promesas tales como hacer imperar la justicia social o garantizar la seguridad y el orden, por ejemplo, no paren mientes en ir más allá de los límites establecidos por las reglas del juego democrático

2) Entre los actores políticos en competencia, la tentación de recurrir al expediente del autoritarismo, sustentado en un discurso demagógico y seductor, como recurso supuestamente indispensable para construir una “democracia eficaz” y socialmente pertinente.

Se trataría, pues, del surgimiento de una suerte de líderes dotados de autoridad comisarial 3, con “permiso” para suspender y/o revertir, en caso necesario, el avance de la democracia en nombre de la consecución de bienes considerados de mayor importancia. 

En México no se está presentando una situación como ésta en la que fuerzas políticas clave se disponen a enterrar a la democracia.

Nuestro país, cuando menos hasta el momento actual, no va por el camino de llegar a convertirse en una Venezuela, y ninguno de nuestros liderazgos políticos está adquiriendo los rasgos de personalidad del presidente Hugo Chávez.

Sin embargo, no se puede negar que nos acecha el fantasma de la desafección ciudadana hacia la política. Nuestra democracia requiere un refrendo vigoroso 4 por parte de las principales fuerzas políticas, las cuales, hasta ahora, parecen más preocupadas en ganar la elección a como dé lugar que en construir un escenario de fortalecimiento democrático que incluya el acuerdo de conformar una nueva administración capaz de gobernar con más eficacia en un marco de libertades tal que despeje el camino para una vida de la República saludable y con futuro.

De no darse ese refrendo, en un lapso determinado el ciudadano común podría tener la percepción de que la democracia no contribuye de ninguna manera a remediar los problemas que le afectan y terminar desencantándose totalmente de ella.

Algunas condiciones están dadas para ellos. Recuérdese que, según la encuesta 2004 del Latinobarómetro, el 67 por ciento de los mexicanos opina lo siguiente: “No me importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si pudiera resolver los problemas económicos”. 5 

Con todo, sería erróneo pensar que para México la senda de la regresión autoritaria es un tránsito fatal que tarde o temprano nos espera debido a nuestra inmadurez o a cualquier otra razón. Hacer tal afirmación equivaldría a defender un tipo de argumentación igual de teleológica que las que se hicieron desde la llamada transitología 6, aunque en sentido inverso.

Lo que sí se puede afirmar, sin temor a cometer equívocos, es que existe una tendencia a que nuestra democracia –debido a sus ineficacias y sobre todo al incumplimiento de las expectativas que despertó entre los ciudadanos– siga estancada, por un tiempo indefinido, en esa zona gris de la que habla Carothers y con una posibilidad creciente de que se incrementen paulatinamente sus niveles de desencanto entre la población.

Pero también es factible pensar seriamente que las elecciones del 2 de julio pueden ser el guardagujas 7 que cambie la dirección en que se mueve, aunque sea despacio, el tren de la historia. Esa coyuntura pondrá de frente, de nueva cuenta, no sólo a las amenazas sino también a las oportunidades que esperan a la democracia mexicana.

Todo depende de la forma en que se conjugue la voluntad de los actores con el marco de restricciones y limitaciones establecido por la institucionalidad electoral y el contexto sociopolítico general. La historia es, pues, un campo abierto que tan sólo señala posibilidades y no determina fatalidades.

Con esta tesis coincidiría Enrique Krauze,  8 quien hace poco ha hecho un lúcido llamado, desde una perspectiva liberal, a reflexionar sobre la importancia del próximo 2 de julio, haciendo un paralelismo entre esa fecha y lo ocurrido en tiempos del presidente Madero, cuando las fuerzas políticas fueron incapaces de comprender la importancia de preservar una mínima base de concordia y acabaron haciendo caer el débil régimen democrático que prevalecía. 

Aquí cabe detenerse para aclarar, contra la tesis de Krauze, que existen al menos dos diferencias fundamentales entre el presente y el periodo presidencial de Madero.

La primera es que ahora el país goza de una mucha mayor estabilidad política que en aquel tiempo, y no hay ninguna fuerza social o política de consideración, doméstica o externa, como sí la había en aquella circunstancia, que tenga como objetivo explícito derrocar al presidente y suplantar a la democracia.

Ni siquiera tras bambalinas, a pesar de los desaciertos del presidente Fox, se ha llegado a murmurar su retirada del cargo. La popularidad y el apoyo ciudadano hacia Vicente Fox se ha mantenido en niveles bastante adecuados, lo que no es poca cosa si tomamos en cuenta que entre amplios sectores sociales prevalece un sentimiento de decepción hacia su administración.

La segunda diferencia es que Madero no terminó su periodo y su régimen no fue capaz de llegar a la celebración de una segunda jornada electoral libre y genuinamente democrática. Indiscutiblemente que en esto el presente es mejor que el pasado.

Aunque existan nubarrones en el horizonte, sobre todo en términos de que existen algunas dudas sobre el nivel de compromiso con la imparcialidad y la equidad por parte de quienes integran el órgano encargado de llevar el proceso, y dudas acerca de que prevalezca el juego limpio, no es pecar de optimismo pronosticar que tendremos unas elecciones con una alta posibilidad de generar un gobierno dotado de suficiente legitimidad si los protagonistas del escenario político asumen cabalmente sus responsabilidades.

De cualquier modo, la tesis de Krauze, y su llamamiento a mantener por encima de todo la concordia y la voluntad de fortalecer a la democracia, es un gesto intelectual que posee sentido histórico y no se debe desestimar.

Plantear las cosas como lo hace Krauze, configurando una situación histórica límite similar a la de 1913, tiene un sano propósito pedagógico por cuanto permite despertar la conciencia de riesgo entre los actores políticos del presente.

Volvamos a la idea de que el 2 de julio puede ser el guardagujas del tren histórico de la democracia mexicana. A pesar de que los riesgos que enfrenta nuestra democracia no amenazan con generar una crisis aguda que permita prever un colapso, es plausible considerar que se atisban en el horizonte dos tipos de escenarios que traerían consecuencias no desdeñables.

El primero es un proceso electoral percibido como injusto, insustancial y de mera fachada, como un ejercicio cuyo resultado es producto de la conjunción del poder, el dinero, la mercadotecnia y la publicidad.

Si prevalecen las inequidades, los gastos de campaña excesivos, las dudas sobre el monto y origen de los recursos utilizados, la distribución desigual de los tiempos de acceso a los medios de comunicación para partidos y candidatos, las zancadillas y los golpes bajos, la superficialidad en las propuestas de campaña, la percepción de que los rasgos principales de los políticos contendientes son la corrupción y la frivolidad, y si se instala la percepción de que las autoridades electorales fueron incapaces de imponer un juego limpio, entonces la democracia y sus instituciones sufrirán un revés del que no se podrán levantar fácilmente.

La caída en las garras del desencanto se hará más intensa, aunque lo peor que podría ocurrir es una reacción en cascada por parte de los partidos políticos perdedores, quienes seguramente contribuirían a generar una sombra de duda en la legitimidad democrática del nuevo gobierno.

El segundo escenario posible es un reforzamiento de la credibilidad de la democracia como consecuencia de que los ciudadanos perciban que el proceso electoral es razonablemente equitativo, justo y serio, es decir, construido a partir de propuestas y proyectos consistentes y en un clima de competencia muy intensa pero leal y que al final del día redunde en la construcción de nuevas bases de entendimiento entre las fuerzas políticas.

Si el proceso electoral de 2006 es percibido como dotado de suficiente legitimidad, es decir, como el resultado de un juego limpio entre actores que no sólo respetaron el marco legal sino las reglas éticas básicas no escritas de una sana competencia política, sin duda se dará un impulso fundamental a nuestra democracia y su consolidación. 

Pero más allá de esas posibilidades, el verdadero impulso de cambio político debe generarse a partir de un acto de lucidez por parte de los principales actores involucrados en el proceso que estamos por vivir.

Ellos deben asumir que el 2 de julio, y el próximo cambio de administración, traerá una oportunidad para fortalecer la democracia y su funcionamiento.

Hoy, ya no se trata únicamente de contar con elecciones limpias, sino de procurar que de las urnas surjan administraciones eficaces y con un compromiso explícito de llevar adelante una gobernabilidad democrática e incluyente. Hemos pagado la cuota de ingenuidad de las primeras elecciones libres de nuestra historia reciente.

Ahora nos es evidente que se precisa ir más allá de una adecuada observancia de los marcos legales y las rutinas institucionales preestablecidas para el juego electoral equitativo.

El clima de campaña electoral es propicio para un momento de reflexión nacional que evalúe lo alcanzado hasta ahora y calibre lo que hace falta llevar a cabo.

En el horizonte nos esperan transformaciones más profundas que las realizadas hasta ahora, pues no hemos adecuado el conjunto de normas y reglas de la vida pública y gubernamental a nuestra nueva circunstancia de pluralismo democrático. Son cambios que habrá que impulsar tarde y temprano, querámoslo o no. 

Bajo este orden de ideas, los actores en liza deberían hacer una correcta aplicación de las virtudes y cualidades de conducta que son indispensables para la estabilización y eficacia de cualquier régimen plural, abierto y representativo. Sobre todo, es clave que los representantes de los principales partidos y fuerzas políticas suscriban un acuerdo que permita que nuestra democracia salga de la zona gris en que se encuentra estancada.

Dicho acuerdo incluye modificar el andamiaje de reglas escritas y no escritas que constituye, acota y distribuye el ejercicio del poder. A eso se le denomina reforma del Estado, la cual, forzosamente, deberá reconstruir los marcos institucionales necesarios para que el próximo gobierno cuente con el concurso de fuerzas políticas suficientes como para poder gobernar y tomar las decisiones pertinentes.

Dos son los momentos que debe incluir ese pacto. Primero, el previo a las elecciones que incluye hacer un juego limpio, sin gastos excesivos de campaña y sin echar mano de recursos que atenten contra la equidad de la competencia.

El segundo, posterior a la jornada electoral, que implica acordar una agenda de reformas a la institucionalidad con que opera el gobierno, de manera que el próximo presidente tenga condiciones mínimas de gobernabilidad.

Incluye también la confección conjunta de una agenda de gobierno mínima a la que deberá comprometerse la próxima administración, indistintamente de su signo partidario.

Si los candidatos son capaces de suscribir, de cara a los ciudadanos, ese compromiso estarán enviando una señal de disposición por intentar vincular el ejercicio del poder con las aspiraciones y demandas de los ciudadanos.

Enviarán a estos ciudadanos el mensaje de que, pese a todo, la vida y los afanes de los políticos no siempre se consumen en la política normal, cotidiana, esa que mira al corto plazo y cuyos propósitos no trascienden más allá de los intereses de grupo, sino que sus preocupaciones están con la clase de política que atiende lo esencial, lo propio del bien público y de la vida del Estado.

 
Citas
  1. Es decir, que considera que el curso del cambio social y político tiene una finalidad predeterminada importando poco o nada la voluntad de los actores implicados y las circunstancias históricas concretas.
  2. Thomas Carothers, “The End of the Transition Paradigm”, en la revista Journal of Democracy, volumen 13, número 1, enero de 2002.
  3. Esta noción sería una adaptación del concepto de dictadura comisarial, empleado por Carl Schmitt. Véase su libro titulado La Dictadura. Madrid, Alianza Editorial, 2003.
  4. Es la tesis de Enrique Krauze, la cual comparto, que plantea en su artículo titulado “Refrendar la democracia”, Revista Letras Libres, octubre, 2005.
  5. Citado por Alejandro Torres en su artículo “Desprestigio: una política sin políticos”, en el periódico El Universal, México, D.F., 6 de noviembre de 2005.
  6. Transitología es el término empleado para etiquetar a los enfoques analíticos de la transición a la democracia que la conciben como una especie de teleología, que supone que el cambio político desde sistemas autoritarios tiene en la democracia su finalidad preestablecida y su único punto de llegada. Otra crítica a la transitología es que consiste en un enfoque demasiado formal y esquemático que cancela el análisis de los procesos históricos concretos y distintos por los que se despliegan las transformaciones políticas reales.
  7. La metáfora del guardagujas la utiliza Max Weber para explicar la forma en que él interpreta la influencia que tuvo la ética protestante en el desarrollo del capitalismo, y puede servir de modelo explicativo más general. Un guardagujas es el encargado de hacer los cambios de vía necesarios para que el tren avance por un determinado rumbo. El uso de la metáfora por parte de Weber es como sigue: “Son los intereses materiales e ideales, no las ideas, quienes dominan inmediatamente la acción de los hombres. Pero las ‘imágenes del mundo’ creadas por las ‘ideas’ han determinado, con gran frecuencia, como guardagujas, los rieles en los que la acción se ve empujada por la dinámica de los intereses” (véase: Max Weber, “Ensayos de sociología de la religión”, vol. I, p. 204. Citado en Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Fondo de Cultura Económica, México, 2003, p. 33). En el caso que me ocupa en este trabajo, es plausible pensar que una conjunción creativa de intereses materiales (la lucha por el poder en un contexto de pluralismo democrático) y los intereses ideales (el afán por construir un orden social libre, igualitario y democrático, duradero, responsable socialmente y eficaz) puede ser el guardagujas de la historia política del México contemporáneo que provoque un cambio de rumbo hacia la consolidación democrática de la nación.
  8. Enrique Krauze, idem.