2 de julio de 2006, ¿descarrilamiento electoral o descarrilamiento político?

Por: Héctor Raúl Solís Gadea

Al escribir estas líneas, la única claridad sobre el desenlace del conflicto postelectoral es que el escenario no se presenta favorable para la consolidación de las instituciones y las prácticas democráticas. Aún no hay certeza legal acerca de quién ganó la elección presidencial; además, el Instituto Federal Electoral (IFE) y el proceso en su conjunto, incluida la jornada del 2 de julio, están siendo puestos en entredicho por una franja importante del electorado.

Según algunas encuestas, más del 40 por ciento de los ciudadanos creen que hubo fraude y más del 70 por ciento está de acuerdo en que se cuenten de nuevo todos los sufragios. Para un sector amplio del espectro político, esa es la única forma de restaurar la legitimidad y credibilidad del proceso electoral.

A pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que se vuelvan a contar los sufragios emitidos en 11 mil 839 casillas, lo que representa el 9.07 por ciento del total de la votación, eso no garantiza que todos los actores políticos involucrados queden conformes con el desenlace.

Más allá de que puedan ser cuestionados como forma de acción política y como mecanismo de presión extrajurídica sobre el trabajo del Tribunal, los plantones y bloqueos realizados por la Coalición por el Bien de Todos, a partir del pasado 30 de julio, constituyen una amenaza para la gobernabilidad del país y para las condiciones en que ejercerá la presidencia Felipe Calderón, en caso de ser declarado presidente electo sin que se disipen las dudas de su elección.

Incluso si se diera el remoto caso de que como resultado del conteo parcial se decidiera recontar el total de los votos y de todos modos resultara triunfador Felipe Calderón, éste tendría muchas dificultades para allegarse de la popularidad y aceptación necesarias que le permitan ser un presidente eficaz, puesto que la Coalición difícilmente aceptará un desenlace que no la favorezca.

Evidentemente, también existe la posibilidad de que el movimiento dirigido por Andrés Manuel López Obrador se desinfle y se diluyan las posibilidades de cuestionamiento a la toma de posesión de Felipe Calderón como presidente el próximo 1 de diciembre.

Esto, sin embargo, aunque teóricamente puede ocurrir, no significaría que el proceso electoral habría pasado la prueba y que ha constituido un paso más en la consolidación de nuestra democracia. La circunstancias que han rodeado a la elección son de tal gravedad que nos obligan a examinarla a la luz de la transición democrática y evaluar el sitio que ocupa en el desarrollo histórico-político del país durante los últimos años.

Lamentablemente, no se puede afirmar que estas elecciones estén contribuyendo a instalar y confirmar la normalidad democrática en nuestro país. 

Existe la percepción social de que durante la campaña electoral se presentaron conductas que lesionan el espíritu de la democracia y la competencia limpia. La administración del presidente Fox, lamentablemente, en los meses de febrero a junio del presente año, pagó más de 400 mil spots publicitarios en los que resaltó su trabajo y llamó a la gente a que apoyara la continuidad.
 
De igual modo, Fox se asumió como un abanderado del candidato Calderón y se convirtió en su mejor publicista. La frase “hay que cambiar de jinete pero no de caballo” repetida por él hasta la saciedad, resulta paradigmática del mensaje que el presidente se propuso transmitir a los mexicanos.
 
Ciertamente, en otros países se considera válido que el presidente en turno haga campaña a favor de su candidato. En México, sin embargo, eso está expresamente prohibido por la legislación electoral; cuando fue candidato presidencial en el año 2000, Vicente Fox se valió de este recurso legal para pedirle al entonces presidente Ernesto Zedillo que no interviniera en la elección, cosa que aquel mandatario cumplió y que hoy, en virtud de lo acontecido, contribuye a conferirle un cariz democrático a su comportamiento. 
 
Tampoco se puede dejar de mencionar la utilización de los programas sociales del gobierno federal para favorecer la imagen del candidato del Partido Acción Nacional. Ciertamente, desde el punto de vista jurídico no podría cuestionarse que Josefina Vázquez Mota, ex secretaria de Desarrollo Social, haya fungido como coordinadora general de la campaña de Felipe Calderón.
 
Ese hecho, no obstante, examinado desde el punto de vista ético, no habla bien del talante democrático del gobierno del presidente Fox ni del Partido Acción Nacional. Otro hecho que ha contribuido a menguar la credibilidad del supuesto triunfo de Calderón es el tono de descalificación a ultranza que se usó contra el candidato López Obrador para desprestigiarlo ante los electores.
 
De nuevo, se podría argumentar que esa conducta no contraviene ningún ordenamiento legal y que, incluso, reglamentar los contenidos de los mensajes emitidos en las campañas podría atentar contra la libertad de expresión. Empero, desde el punto de vista del fortalecimiento de la cultura democrática, anuncios como “López Obrador es un peligro para México”, u otros en los que lo equiparaban con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, no sólo no contribuyen a un clima de civilidad democrática, sino que tienden a nulificar los criterios reflexivos y las capacidades de discernimiento de los ciudadanos y a sustituirlos por una predisposición al encono, el odio y la polarización política.
 
Campañas como ésa no favorecen el desarrollo cívico ni ayudan a formar una sociedad donde impere la deliberación racional a la hora del sufragio. Algunos grandes empresarios y grupos de interés también han exhibido un comportamiento que desde los estándares de la democracia sin adjetivos deja mucho que desear.
 
Más allá de que algunas corporaciones empresariales pagaron publicidad a favor de Felipe Calderón, lo más grave es que hubo casos en que empresarios indujeron el voto para el pan entre sus empleados. Lo mismo se puede decir de muchos sacerdotes católicos que usaron su influencia en las conciencias de sus feligreses para influir en ellos a la hora de votar. 
 
Esta conducta de funcionarios federales a cargo de programas sociales, empresarios y párrocos, me recuerda al pensador australiano Philip Pettit quien critica las formas de interferencia arbitraria en la vida de las personas por parte de los poderosos. Parafraseando a Pettit, se ejerce una forma de dominación (ilegítima) cuando desde cualquier tipo de autoridad, ya sea política, económica o religiosa, se influye en la conducta de los demás bajo formas sutiles de presión.
 
Por ejemplo, cuando el funcionario público veladamente promueve el voto de un candidato entre los ciudadanos, insinuándoles de algún modo que si el partido al que él pertenece pierde el poder en las próximas elecciones ya no podrá garantizarles que seguirán recibiendo la ayuda del gobierno que por su conducto han obtenido.
 
O cuando un empresario les aconseja a sus empleados que voten por tal o cual candidato, porque la seguridad de sus empleos y los dividendos de la empresa se incrementarán en función de que equis o ye candidato sea el ganador.
 
Y qué decir de la influencia que el sacerdote puede tener desde el altar, cuando invita a sus fieles a votar por un candidato cuyo programa de gobierno no esté en contra de los principios de la Iglesia Católica y que, en consecuencia, no atente contra la salvación de sus almas.
 
Todos estos casos son ejemplos de una interferencia en la vida de las personas, que se vale de formas diversas de coacción o amenaza. Evidentemente, se trata de acciones antiliberales y antidemocráticas puesto que atentan contra la libertad de cada quien para decidir sus opciones políticas sin ningún tipo de constreñimiento que anule el ejercicio de pensamiento que caracteriza a los seres humanos autónomos y racionales.
 
Del otro lado, en el hipotético caso de que se realizara el conteo voto por voto de todas las casillas, y de que Andrés Manuel López Obrador resultara ganador, tampoco estaríamos en presencia de un ejercicio democrático ejemplar capaz de dotarlo de legitimidad y aceptación popular generalizada como presidente.
 
Tal escenario sería visto por muchos ciudadanos como una forma de avalar las prácticas y actitudes de López Obrador poco respetuosas de las normas jurídicas y las instituciones, instituciones de por sí frágiles y que han costado mucho a los mexicanos; estas prácticas y actitudes de López Obrador corresponden más a un profeta o a un ideólogo, que a un político moderno en el buen sentido de la palabra.
 
Ciertamente, explicarlas implica llevar el análisis más allá de la persona de López Obrador y situarlo en el terreno de las predisposiciones psico-sociológicas en la que está inmersa buena parte de la sociedad mexicana.
 
Si no se trata de un fenómeno típicamente fundamentalista (concepto más ligado a conductas religiosas como tales), la adoración que muchos mexicanos sienten por López Obrador es una conducta más emocional y visceral, que una decisión resultado del examen crítico y desprejuiciado de la realidad.
 
Un concepto que puede ayudar a comprender el fenómeno López Obrador puede ser el de ideología. La ideología es un sistema de creencias que no acepta ninguna forma de contraste con la realidad; de hecho, la ideología tiende a “protegernos” contra la experiencia (“no me imagino al mundo sin el nacional-socialismo”, decía la esposa de Goebels poco antes de la derrota; algo parecido podría decir un mexicano todavía en los setenta: “no me imagino a México sin el PRI”).
 
La ideología se basta a sí misma, se confirma en la constante repetición de sus enunciados proferidos ante un auditorio de entusiastas creyentes. Eso explica por qué muchas personas, a pesar de que pueden mirar las conductas de López Obrador y sus colaboradores, son incapaces de ejercer su juicio moral ante ellas. 
 
Otra posibilidad de comprender el fenómeno nos la puede dar el concepto de carisma, esa cualidad que algunas personas pueden tener en mayor o menor medida en virtud de la cual hacen creer a sus seguidores que tienen poderes extraordinarios.
 
El hombre carismático no sólo puede hacer llover o descifrar los misterios de la vida, o colocarnos frente al sentimiento de lo extraordinario y hacer verosímiles determinadas impresiones de realidad, sino que puede, incluso, socavar las creencias tradicionales: “Así está escrito, pero, en verdad os digo...” Afirmar que López Obrador tiene carisma no significa decir que efectivamente es un hombre superior.
 
Sí, en cambio, significa decir que muchos de sus seguidores le atribuyen tantas cualidades que lo consideran capaz de resolver de tajo los grandes problemas del país. Por si eso fuera poco, el propio López Obrador, al parecer, ha acabado creyendo él mismo que tiene la fuerza de un mesías.
 
Pero este mesías no obtiene su fuerza por haber sido elegido por Dios, sino porque sabe interpretar adecuadamente la voluntad y los anhelos del pueblo. Está llamado por la historia a defender los intereses de las mayorías y no puede renunciar a su destino: no puede dar marcha atrás; de allí su identificación emocional, histórico-religiosa, diría yo, con los pobres, o, como él los llama con un dejo de bondad enloquecida: los de abajo. 
 
Cuando estos afanes se mezclan con las intenciones de traer justicia a un pueblo desigual como pocos, pero decidido a redimirse a través de su mesías, el resultado es una mezcla muy peligrosa.
 
Instalados en esa lógica fundamentalista, ideológica, carismática y mesiánica, lo de menos son las instituciones: se justifica toda violación de las normas jurídicas en aras del bien mayor (la justicia social, el bien, la purificación de la vida pública...) que el hombre carismático y superior moralmente (el mesías, pues) puede traernos a todos.
 
 De allí, entonces, el desprecio que siente López Obrador por la ley y las instituciones en general. En última instancia, bajo su óptica, éstas son producto de un sistema social injusto y, por tanto, pueden ser traspasadas para hacer prevalecer la voluntad del pueblo, única fuente de la verdadera justicia.
 
Esto ayudaría a explicar la insistencia de López Obrador en el fraude electoral: no podría ser de otra manera, pues el pueblo, como él dice, no es tonto, sabe quién es su redentor. Si ganó Felipe Calderón es por una de dos razones: o engañaron al pueblo y lo hicieron presa del miedo (“AMLO, peligro para México”) o, simplemente, le hicieron un fraude descomunal. 
 
El punto más álgido de la actitud mesiánica de López Obrador, hasta este momento, se dio cuando frente a sus seguidores, en pleno Zócalo, descalificó al tepjf y dijo que la lucha, ahora, “ya no sólo va a ser el reclamo por el recuento de los votos. Vamos a iniciar el movimiento para transformar las instituciones de nuestro país”. 1
 
Resulta curioso cómo López Obrador incrementa su disposición al mesianismo cuando se incrementa la adversidad para su causa: “... no nos vamos a rendir. Están apostando nuestros adversarios al desgaste y se van a equivocar. Vamos a seguir adelante”. En otras palabras, López Obrador no se va a cansar nunca ni desistirá jamás y por ninguna razón de su lucha.
 
Da la impresión de que el candidato de la Coalición por el Bien de Todos está instalado en una espiral de creciente radicalización que no hay manera de parar, pues las circunstancias parecen confabularse para que así suceda: Felipe Calderón no ha mostrado un ápice de generosidad política y actitud democrática.
 
Tiene más de dos semanas actuando como presidente electo y no ha pronunciado palabras que reflejen una disposición a reconocer que, por encima de su ambición presidencial, está la paz y la concordia entre los mexicanos.
 
Paradójicamente, él se asume como pacífico e incluso llamó a usar un moño blanco, pero el comportamiento de él, de su partido y del presidente Fox, no hace más que contribuir a intensificar la polarización.
 
Este panorama de conductas no democráticas o, por lo menos, que provocan lesiones a la democracia liberal se agudiza aún más si analizamos el comportamiento del Instituto Federal Electoral. El día 7 de agosto, el periódico El Universal, en su sitio de internet, informó que el TEPJF cuestionaba el trabajo realizado por el IFE, pues de acuerdo con el análisis hecho por ese organismo de las actas de las 11 mil 839 casillas en que ordenó recontar votos, en la mayoría de aquéllas se aprecian “errores evidentes”.
 
Y en lo que se interpreta como una recriminación al ife, señala que una simple operación matemática hubiera bastado para que, a la hora de hacer el cómputo de la elección, los consejos distritales hubieran abierto los paquetes electorales para recontar los votos, aun sin petición de algún partido político.
 
Los errores fueron pasados por alto pese a que están previstos en el Código Electoral como una causal de recuento, afirma la nota periodística. De acuerdo con el Tribunal, en gran parte de las casillas a revisar no coincidió el número de votantes conforme a la lista nominal con las boletas depositadas en las urnas y la votación total emitida en cada una de ellas.
 
En las sentencias que emitió el Tribunal le recordó al ife que “...las hipótesis normativas que deben actualizarse para la nueva realización del escrutinio y cómputo de la votación recibida en casilla son:
 
1) Que los resultados de las actas no coincidan
 
2) Que se detecten alteraciones evidentes, aptas para generar duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla
 
3) Que no exista acta en el expediente ni en poder del presidente del consejo
 
4) Que existan errores evidentes en las actas”
 
 
El problema fue que esta última hipótesis normativa no fue aplicada por parte de algunos consejos distritales. El Tribunal les recalcó a los consejeros lo que significan, de acuerdo con un diccionario, las palabras “errores” y “evidentes”.Y no sólo eso.
 
Les precisó que “para que el error tenga la calidad de ‘evidente’ es necesario que las inconsistencias se puedan advertir a primera vista de manera sencilla e inmediata, a través de una simple operación lógica o aritmética, que haga patente que algún dato no armoniza con otros con los cuales debiera corresponder”.
 
Esta nota del periódico El Universal, que por cierto no fue comentada suficientemente en los medios, es una muestra de que, por lo menos, falló la capacitación a los ciudadanos que participaron en la elección.
 
Más allá de las torpezas ocurridas en la conducción del proceso y las inconsistencias en la presentación de los resultados la noche del 2 de julio y los días subsiguientes por parte del ife, y más allá de los cuestionamientos realizados por el PRD a la forma en que se integró el Consejo General del IFE, lo cierto es que en este momento, por desgracia, existe la impresión generalizada de que el IFE no salió indemne de la jornada. 
 
Aun y cuando no sea posible afirmar con honestidad intelectual y moral que se instrumentó un fraude descomunal, por muchas razones, unas atribuibles a la imprudencia política y otras tal vez al dolo, el proceso electoral, por lo menos hasta el momento presente, no tiene la legitimidad suficiente como para que de él emerja un presidente dotado de la capacidad de gobernar.
 
Sin embargo, es posible extraer una serie de conclusiones tentativas sobre el sentido de lo que está ocurriendo y la forma en que podría impactar el futuro de la democracia mexicana. En el texto que publiqué en el número cero de esta revista, desarrollé una serie de conjeturas sobre las implicaciones del 2 de julio y los diversos escenarios que podría desencadenar.
 
Allí, mi visión era más optimista que la que sostengo hoy, 16 de agosto, en virtud de los acontecimientos mostrados por los medios de comunicación.
 
Partí de la hipótesis de que el 2 de julio podía ser un guardagujas de la historia en el sentido de que la democracia mexicana podría encarrilarse por los rieles de un nuevo entendimiento de las fuerzas políticas que les permitieran no sólo consolidar lo alcanzado y salir de la zona gris en la que perviven tendencias autoritarias y corruptas junto con ciertas prácticas democráticas, sino, además, acordar los términos de la realización de una reforma del Estado capaz de generar las condiciones para hacer emerger buenos gobiernos.
 
Ante el riesgo del desencanto democrático de los ciudadanos, por una parte, y el regreso de conductas autoritarias por parte de la clase política y demás poderes de facto y grupos de interés, afirmé que deberíamos confiar en que eso era parte del pasado.
 
Afirmé también que no estábamos en una coyuntura similar a la que enfrentó Madero en 1913, puesto que hoy no está en riesgo la vigencia de la institución presidencial ni el juego democrático como tal. El ejército mexicano ha mostrado una actitud más patriota que toda la clase política mexicana.
 
Hoy, sin embargo, parece haber menos espacio para el optimismo que a fines de diciembre pasado. Inesperadamente, el talante del proceso electoral, y el comportamiento exhibido por los principales actores políticos e institucionales antes, durante y después del 2 de julio, han desnudado al sistema político en su conjunto mostrándolo como lo que es: una suma de prácticas viciosas ejecutadas por prácticamente todos los partícipes del poder y la influencia en una u otra de sus formas.
 
Parece como si estuviéramos despertando de un sueño en el que creíamos, por fin, haber arribado a la democracia. Despertamos y comprendimos que el fantasma del fraude aún estaba allí. El 6 de julio del 88 reclama su sitio en la historia: nos guste o no continúa iluminando las visiones de muchos mexicanos que todavía se sienten agraviados.
 
El riesgo de descarrilamiento del tren mexicano está allí, prueba de ello es el desalojo violento del que, el pasado 14 de agosto, fueron objeto activistas y legisladores del prd que pretendían establecerse en las inmediaciones de la Cámara de Diputados. 
 
Por la gravedad de los sucesos postelectorales es fácil prever el descarrilamiento; el problema es saber si será un descarrilamiento sólo electoral que se pueda resolver dentro de los cauces institucionales previstos para ello; o si, en su extravío, se convierte en un descarrilamiento político con consecuencias imprevisibles.
 
 
 
Citas
  1. Periódico Público, 8 de agosto de 2006.