Las agrupaciones políticas nacionales en la vida democrática de México

Escribir sobre las agrupaciones políticas en México es pensar en un componente central de todo régimen político democrático: el derecho a la libre asociación de los ciudadanos

Las agrupaciones políticas nacionales en la vida democrática de México.
Javier Hurtado
Ed. Nueva Generación Azteca AC, 2006.
 
Por: Clemente Castañeda Hoeflich
 
Escribir sobre las agrupaciones políticas en México es pensar en un componente central de todo régimen político democrático: el derecho a la libre asociación de los ciudadanos. Así lo confirma no sólo el libro de Javier Hurtado, Las agrupaciones políticas nacionales en la vida democrática de México, sino la historia de las ideas políticas.
 
Para muestra, ahí esta la idea de “comunidad” de Rousseau que demandaba una sociedad que buscara ir más allá de la satisfacción de necesidades materiales o morales y que se centrara en la satisfacción de los sentimientos y las emociones más profundas de los hombres.
 
O qué decir de las formas y prácticas de asociacionismo cívico que Tocqueville observó en la sociedad estadounidense y que describió a la postre cuando en 1835 y 1840 publicara, respectivamente, los dos tomos de su célebre estudio La democracia en América. 
 
La preocupación por entender el fenómeno asociacionista, si se me permite la expresión, no ha cesado en épocas más recientes. Todo lo contrario, se ha convertido en una preocupación intelectual central de la ciencia política contemporánea. La obra de Robert Putnam es acaso el ejemplo más elocuente.
 
En Haciendo funcionar la Democracia. Tradiciones cívicas en la Italia moderna, por ejemplo, Putnam intenta descifrar la relación de los orígenes de la comunidad cívica con el desempeño de las instituciones gubernamentales.
 
La conclusión de Putnam es de verdad sugerente: las redes de compromiso cívico, es decir, de confianza, solidaridad y cooperación, sí influyen en el desempeño de las instituciones gubernamentales en contextos políticos democráticos.
 
En este mismo tenor, en Jugando solos a los bolos (Bowling Alone), el mismo Putnam explica el declive del capital social en la sociedad estadounidense a través de la observación de indicadores de compromiso cívico y de prácticas asociacionistas. 
 
Por ello, puede decirse que Hurtado comparte una preocupación similar al centrarse en el estudio de las “mal llamadas” (diría el propio Hurtado, por aquello de la precisión conceptual que le caracteriza) agrupaciones políticas nacionales.
 
Así pues, el argumento que Hurtado sostiene a lo largo del libro es digno de resaltarse, no sólo por ser en sí mismo persuasivo, sino porque contiene una posición normativa eminentemente democrática y liberal al reivindicar el derecho a la asociación.
 
Para Hurtado, las Agrupaciones Políticas Nacionales (apn) “han sido el eslabón perdido en el análisis de la evolución de la democracia electoral mexicana” (p.13), toda vez que éstas, sostiene Hurtado, han contribuido cualitativamente “a la evolución y fortalecimiento del sistema de partidos y a la socialización del ejercicio del derecho de asociación política entre los ciudadanos mexicanos” (p. 365).
 
Para desarrollar su argumento, Hurtado combina con solvencia el análisis político y el análisis legal. Dicho de otra manera, Hurtado hace un análisis político de la ley, al tiempo que se distancia de la perspectiva positivista del derecho y se inclina por la ruta de las tradiciones interpretativas del la ley y el derecho.
 
Así, Hurtado realiza un recorrido de la historia legal-constitucional contemporánea y de las distintas reformas electorales desde 1977 a la fecha, con el objetivo de explicar los vaivenes del derecho de asociación en el entramado legal mexicano y, particularmente, los aciertos y contradicciones que han rodeado a las apn durante el período de la llamada “transición democrática”. Más adelante haré referencia a este controvertido término, el de transición, y a algunos problemas de la “transitología”. 
 
Pero vamos al contenido del libro: en el primer capítulo, Hurtado hace un interesante recorrido conceptual para distinguir entre agrupaciones y asociaciones. Para Hurtado, el término correcto para referirse a las formas voluntarias de organización social es el de asociación, y no el de agrupación, toda vez que este último término es más bien un grupo de carácter informal.
 
El problema de esta imprecisión, nos advierte Hurtado, no es solamente de carácter conceptual sino legal, mismo que se reproduce y repercute en los distintos entramados de la legislación electoral mexicana.
 
El capítulo cierra con un estudio comparado y muy bien documentado sobre figuras similares a las apn mexicanas en otras legislaciones del mundo, lo que de entrada lo convierte en un documento indispensable para posteriores análisis comparados. 
 
El capítulo segundo es, a mi juicio y sin menoscabo del resto del libro, el de mayor profundidad analítica. Haciendo justicia al titulo del capítulo (“Fases en el desarrollo de la vida democrática en México a partir de la reforma constitucional en materia electoral de 1977”), Hurtado propone una sugerente periodización de las transformaciones político-electorales de los últimos años. Contra lo que podría suponerse, una periodización no es una arbitraria segmentación de la historia.
 
Todo lo contrario, en sentido estricto es una interpretación analítica de los procesos históricos que, para decirlo con la jerga del institucionalismo histórico, identifica “coyunturas críticas”, “secuencias” y “tiempos”; de ahí que cualquier periodización, por simple que parezca, es necesariamente controvertida porque implica un posicionamiento teórico y normativo de los hechos históricos.
 
De ese modo, hurtado identifica seis fases de la “evolución de la democracia mexicana”. La primera, de 1977 a 1986, que denomina de la institucionalización de la oposición y de la construcción y fortalecimiento del sistema de partidos. La segunda, de 1986 a 1990, que llama de proteccionismo electoral.
 
La tercera, que va de 1990 a 1993, identificada como de “transición bipartidista pactada”. La cuarta, orientada a la búsqueda de procesos electorales confiables e imparciales, que se ubica entre 1994 y 1995. Antes de seguir, sugiero poner especial atención en los nombres de las dos últimas fases.
 
A la quinta fase Hurtado la llama “plutocracia partidaria y judicialización de los procesos electorales”, que iría de 1996 a 2003. Y la sexta, que iniciara en 2004 y que el autor llama “corporativismo partidario y parálisis gubernamental”.
 
Por cuestiones de espacio me referiré brevemente sólo a las dos últimas fases. La comparación con otras periodizaciones es injusta, pero inevitable.
 
Así, mientras que algunos ven en la reforma del 1996 la entrada a la “normalidad democrática,” término que a mi juicio refleja una enorme ambigüedad conceptual y analítica, Hurtado nos advierte acertadamente sobre el carácter plutocrático del sistema de partidos y sobre las limitantes para ejercer derechos políticos distintos al de votar y ser votado.
 
Igualmente, mientras que algunos ven en la sexta fase, la que iniciara en 2004, un proceso de “reafirmación” o incluso de “consolidación democrática”, Hurtado nos alerta sobre los efectos y riesgos de que los partidos políticos mantengan el monopolio del acceso al poder político. 
 
Hurtado concluye su periodización con una serie de propuestas de reforma político-electoral. Sin embargo, distingue cuidadosamente entre reformas de Estado que implican una visión de largo alcance y reformas del Estado que responden a intereses de corto plazo.
 
Dicho en los términos de Bruce Ackerman, Hurtado acertadamente propone distinguir, de una vez y para siempre, la política constitucional de la política normal, al tiempo que subraya la importancia de conciliar “el papel del Estado con las libertades públicas y derechos políticos de los ciudadanos; representación política con gobernabilidad; mayorías con minorías; poder presidencial con Congreso de oposición; libertades municipales con vigencia del federalismo y soberanía con globalidad…” (p.127).
 
Pero el corolario de la periodización que propone Hurtado no es sólo el ánimo propositivo, sino la interpretación global sobre el cambio político mexicano.
 
Como bien dice Hurtado, generalmente “…la evolución de la democracia mexicana trata de explicarse a partir de sí misma y tomando en cuenta los partidos políticos, las reglas electorales y los criterios para convertir los votos en escaños…” (p.13). En este sentido, Hurtado parece coincidir con quienes como Thomas Carothers anuncian “el fin de paradigma transicional”.
 
Desde la perspectiva de Carothers, valga recordar, “la transitología” no sólo ha partido de supuestos imprecisos sobre el cambio político, sino que ha sido incapaz de dar cuenta de las “zonas grises” en las que han quedado atrapados países que, pensaban los transitólogos, habían entrado a una fase transicional cuyo inevitable desenlace era la democracia. 
 
En contraste, hurtado sugiere pensar el cambio político mexicano de otra manera, en donde las asociaciones políticas juegan un papel central, protagónico.
 
En este sentido, en el tercer y último capítulo, Hurtado hace un análisis detallado de la estructura y funcionamiento que han tenido las APNs desde 1977 hasta la fecha.
 
El arduo y sistemático trabajo de Hurtado da cuenta de la estructura organizativa, de la orientación ideológica-programática y de los problemas operativos de las apn.
 
La recopilación, sistematización e interpretación de la información de este capítulo (y por supuesto de los anexos) merece especial reconocimiento, y seguramente este trabajo pionero ganará un lugar privilegiado en los estudios comparados sobre las apn en México. 
 
Hurtado cierra su trabajo retomando su argumento inicial en el sentido de la innegable aportación de las apn al desarrollo de la vida democrática de México. Primero, porque la pluralidad partidaria no podría explicarse “prescindiendo de esta figura presente desde 1977 por 22 años en la legislación mexicana”; y segundo porque la reforma de 2003 otorgó a las apn “calidad de entidad única para solicitar registro como partido político” (p.356).
 
En este sentido, los datos que proporciona Hurtado son reveladores: desde 1978, de los 23 partidos políticos que han tenido registro legal, 12 de ellos (52 por ciento) han surgido o han obtenido registro a partir de una apn (p.359).
 
Esta cifra, entre otras, habla elocuentemente de la importancia de las apn en la vida política, aunque no, como apunta cautelosamente Hurtado, de la calidad de nuestra democracia. 
 
Finalmente, fiel a su tradición debo decir, Hurtado concluye con una serie propuestas de naturaleza legislativa y de orden reglamentario tendientes a adecuar el entramado legal de las apn a la nueva realidad nacional. Debo decir igualmente, que coincido con casi todos los planteamientos propositivos que realiza Hurtado en este apartado final.
 
Sin embargo, debo confesar mis reservas frente a la última propuesta “de naturaleza legislativa” que a la letra dice “prohibir que las apn ostenten en su denominación palabras de carácter sexista, étnico, racial, militar, religioso, y demás que atenten contra los fundamentos democráticos del Estado constitucional y democrático de derecho” (p.371).
 
Mi reserva me lleva a plantear si esta prohibición no iría a contrapelo del espíritu liberal, y también democrático, que permite a los ciudadanos agruparse en función, por ejemplo, de su identidad racial o étnica sin que esto implique necesariamente una amenaza al Estado constitucional. 
 
Como quiera que sea, la pregunta anterior pudiera ser irrelevante para los alcances del texto que nos ofrece Hurtado. No es exagerado decir que las reflexiones sobre las APNs que propone Hurtado y sus implicaciones para el derecho de asociación y otros derechos políticos, son en realidad invitaciones a reflexionar sobre el futuro democrático de México.
 
Por ello, tampoco creo exagerar si digo que estoy seguro que, dada la impaciencia intelectual y profundidad analítica que caracteriza a Javier Hurtado, seguirá haciéndonos invitaciones imposibles de rechazar.