Historia de nuestra transición democrática

Woldenberg nos ofrece la narración puntual (con hechos y cifras que la respaldan) de cómo la democratización gradual de las reglas de juego cimentó una realidad regida por la pluralidad

Por: Alejandra Altamirano Medina
 
La nuestra es una democracia germinal que, como tal, significa una estación contingente y no un punto final de llegada. Por tal motivo –y en virtud de las voces que sugieren que en México no hubo transición a la democracia o que esta dejó intactos los rasgos fundamentales del régimen autoritario– aparece este breve texto de José Woldenberg, académico y ex presidente del Consejo General del Insituto Federal Electoral (IFE), que tiene como objeto principal  contarnos la breve historia, que no mínima, de nuestra transición. Historia que narra el trayecto por el cual sucesivas reformas electorales lograron transformar el mundo de la política en nuestro país.

Para Woldenberg, la transición democrática corresponde al proceso, que va de 1977 a 1996, en el que reglas, instituciones y procedimientos comiciales se transformaron de tal manera que permitieron no sólo la competencia real entre partidos, sino también profundas modificaciones en el entramado institucional y de ejercicio del poder en México.

Así, la emergencia de un sistema plural de partidos y la cada vez mayor competencia en las elecciones, primero locales y después federales, promovieron de manera incremental una representación multicolor en los Congresos –tradicionalmente dominados por una sola fuerza política–, para más tarde trastocar la pieza clave de funcionamiento del régimen autoritario: el presidencialismo omnipresente y sin contrapesos.

Este trayecto no fue corto ni sencillo. Avances y retrocesos fueron nutriendo su camino. Sin embargo, como nos expone Woldenberg, la persistencia de agentes reformadores y la presión opositora y de la sociedad hicieron posible que en el curso de los años transitáramos de elecciones sin competencia a otras altamente competidas.

Así pues, tal y como se indica en el libro, nuestro proceso de cambio político inicia a partir de unos comicios en los que solo hubo un candidato formalmente reconocido (José López Portillo en la elección de 1976), hasta desembocar en otros en los que por primera vez –y en medio de una reñida contienda– se reconoció el triunfo de un candidato opositor, Vicente Fox Quesada, en el año 2000.

Por ello, la alternancia en la máxima magistratura del poder en México, la presidencia de la República, significó el punto sin retorno de la de(s)construcción del régimen autoritario y la demostración palpable de que las “cosas” sí habían cambiado.

Para narrar esta historia, José Woldenberg realiza un singular ejercicio de síntesis que, sin demérito de los argumentos e ideas fundamentales, ilustra de manera clara y amena un proceso cargado de términos y procedimientos que se antojan, para muchos, como áridos, complicados o “barrocos”.

Más aún cuando en México, merced a décadas de desconfianza, la organización y calificación de las elecciones se ha engrosado de múltiples candados. Pero esta complejidad –tal y como lo explica el autor– constituye una de las obras más acabadas de la arquitectura institucional y de la logística electoral para garantizar el cumplimiento de los valores básicos en cualquier contienda democrática, a saber: imparcialidad, certeza y equidad.

Asimismo, y con el propósito de observar el papel que jugaron los procesos electorales en la disolución del régimen autoritario –por lo menos en lo que respecta a las piezas fundamentales en las que se basó su funcionamiento y perdurabilidad en el tiempo: la hegemonía de un solo partido político, la preeminencia del presidente de la República con poderes “metaconstitucionales” y la ausencia de un auténtico sistema de partidos–, Woldenberg nos ofrece la narración puntual (con hechos y cifras que la respaldan) de cómo la democratización gradual de las reglas de juego cimentó una realidad regida por la pluralidad.

Pluralidad social y política que fue creando y fortaleciendo espacios de expresión y competencia, que elevó los contextos de exigencia y que transformó no solo la manera de organizar y calificar las elecciones sino también, y sobre todo, los ámbitos de la representación y las formas de hacer política en el país.

En suma, se trató del traslado de un universo político monocolor y unánime a otro plural y conflictivo en el que la discusión, la negociación y el acuerdo se volvieron asunto de todos los días.

El libro comienza con la reforma de 1977 que dio lugar a la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (IFOPPE), que tuvo como objetivo primordial la incorporación de fuerzas políticas que no contaban con representación en el entramado institucional, particularmente las de izquierda.

Y ello no era gratuito, sino el resultado de la creciente conflictividad social que emanó de los ámbitos laborales y populares y que tuvo su punto más crítico con el surgimiento en la década de los setenta de guerrillas urbanas y rurales.

Dicha reforma ofreció tres aportaciones fundamentales al cambio político del país:

a) Se elevó a rango constitucional el carácter de los partidos como “entidades de interés público”, es decir, como sujetos de derechos y prerrogativas

b) Se estableció el registro condicionado como puerta de acceso a nuevos partidos, después de treinta largos años en los que se mantuvo cerrada esta fórmula

c) Se modificó la integración de la Cámara de Diputados que a partir de entonces dispondría de 300 diputados de mayoría relativa y 100 de representación proporcional, con lo que se aseguraba que por lo menos una cuarta parte de esa cámara estaría ocupada por las distintas oposiciones partidarias.

Vista en perspectiva, tal y como lo señala woldenberg, esta reforma generaría una espiral de transformaciones fundamentales. Constituyó, por decirlo así, el piso mínimo para que más y nuevas opciones partidarias surgieran, se implantaran o desaparecieran.

En efecto, el ingreso de nuevos partidos políticos a la arena institucional de competencia no solo representaba la oportunidad de hacer visibles los rostros de la diversidad política y social que para entonces surcaba el país entero, sino también la ocasión inmejorable para fomentar el apego inicial a los principios y prácticas democráticos.

Sin embargo, el control que para entonces mantenía el Estado, a través de la Secretaría de Gobernación, en la organización y calificación de las elecciones hacía impensable la posibilidad de autoridades imparciales para la vigilancia de procesos que sí amenazaran el statu quo del régimen, es decir, gubernaturas o la propia presidencia de la República.

Además de la ausencia de autoridades autónomas e imparciales, se sumaban la impresionante asimetría en los recursos económicos para la competencia y el hecho, no menor, de que los grandes medios masivos de comunicación solo atendían la “visión” oficial.

Bajo estas condiciones se llegaría al paradigmático proceso electoral de 1988, que desencadenaría una larga y continua marcha de reformas electorales. Por primera vez en la historia contemporánea del país una fuerza política –emanada de una importante fractura del partido oficial y de muchas organizaciones de izquierda, hasta entonces atomizadas–, amenaza con ganarle la presidencia de la República al hasta entonces “imbatible” partido oficial.

El reclamo poselectoral y la impresionante movilización social que apareció después del 6 de julio de aquel año marcaron un punto sin retorno para la marcha que seguía la transición mexicana: era imposible restaurar las coordenadas del régimen autoritario, y la competencia democrática por el poder era ya una asignatura que no podía esperar.

A partir de entonces se inaugura un muy activo proceso de reformas (en 1990, 1993 y 1994) que dan como resultado la creación de la primera autoridad administrativa y contenciosa, respectivamente, en materia electoral.

El IFE y el Tribunal en la materia serían las piedras angulares bajo las cuales se renovaría la fisonomía de los procesos comiciales en México, en gran medida gracias a la autonomía, imparcialidad y certeza de la que fueron gozando estas instituciones.

Posteriormente, en 1996 se daría la mayor vuelta de tuerca al proceso reformista: no solo porque esta reforma fue plenamente avalada por la totalidad de las fuerzas políticas en el país, sino sobre todo porque se avanzó en la más amplia autonomía de la máxima autoridad electoral del país, a partir de su ciudadanización, y porque por vez primera se incidió en las condiciones de la competencia mediante el establecimiento de reglas de financiamiento y fiscalización de los recursos económicos asignados a los partidos, en los que destaca la fórmula que privilegia (desde entonces) el financiamiento público por encima del privado y con una regulación clara al respecto: 70 por ciento de los recursos distribuidos de acuerdo a la última votación federal obtenida y 30 por ciento de manera proporcional.

La ley surgida de la reforma de 1996 sería el marco que reguló la elección del año 2000, la que daría pie al primer gobierno de alternancia en México después del dominio durante más de setenta años del partido hegemónico.

Para finalizar, woldenberg –que para entonces presidía el Consejo General del ife– efectúa un muy completo e ilustrativo recuento de las principales acciones emprendidas por la autoridad comicial para la organización y presentación de resultados de la elección del año 2000.

Resulta importante detenerse en este listado de actividades puesto que describe, de manera clara y puntual, los numerosos eslabones (técnicos, logísticos y políticos) que deben atenderse durante meses a fin de desembocar en una jornada electoral competida, creíble y equitativa.

El esfuerzo empeñado en cada proceso electoral en México, que involucra a partidos y ciudadanos, pero sobre todo a un servicio civil especializado y evaluado, debe ser conocido y apreciado en su justa magnitud.

De ahí que este libro destaque, entre otras cosas, por ser un importante instrumento de pedagogía social que puede ayudarnos a una mejor comprensión de las cuestiones electorales.

Un bien que requiere ser conocido y valorado para que su eventual y necesaria crítica se traduzca en su mejor funcionamiento y no en su deterioro inopinado.