Políticas culturales, un reto a lo perdurable

Desde su propia definición, la cultura se nos vuelve un engranaje difícil de delimitar: es generadora, cultivo, hábitat, entorno, es lo familiar, es lo que somos, es lo que hacemos

Por: Martín Almádez

Una de las fuentes sobre el análisis de la sociedad en sin duda alguna, la forma que ésta guarda para expresar sus costumbres, tradiciones, rituales y también su capacidad para crear arte. Las siguientes líneas quieren ser una breve reflexión sobre uno de los temas decisivos en el desarrollo de la comunidad, como son las politicas culturales.

Si el tema fuera políticas de salud, quizá definirlo sería práctico y diríamos que son los mecanismos que el Estado planea para procurar un buen nivel de salud de la población, como la construcción de hospitales, la capacitación del personal médico, la proveeduría de medicamentos, la investigación y la prevención, así como una intensa difusión contra las enfermedades sin cura. 

En el terreno de la cultura, la naturaleza del enfoque es distinto. En primer lugar, porque los gobiernos dentro de su tabla de jerarquización posicionan al rubro de la cultura en el último de los escaños. No la consideran prioritaria ni redituable en cualesquiera de los posibles intereses: si son los económicos: suele ocupar el último lugar en cuanto a monto presupuestal; si son los políticos: no genera dividendos partidistas ni territoriales; y si son los electorales: remotamente se menciona en los discursos. 

Y es que desde su propia definición, la cultura se nos vuelve un engranaje difícil de delimitar: es generadora, cultivo, hábitat, entorno, es lo familiar, es lo que somos, es lo que hacemos. Y entonces, ¿cómo crear mecanismos para procurar la correcta repartición de la cultura?, o ¿qué mecanismos establecer para que la cultura sea de todos? 

Complicado cuando se trata de crear políticas para administrar lo que somos, para planear sobre lo abstracto y sobre lo intuitivo, características que si bien no definen el espíritu de una comunidad, sí ayudan a medir el perfil de sus valores. Porque es en los valores de una sociedad donde podemos asentar el rostro de su cultura y, con base en ello, entonces sí, diagnosticar y formular todas las posibles políticas culturales.   

En nuestra región, Jaslisco, las tradiciones y las costumbres, las artesanías y la gastronomía, la música y la indumentaria han sido tan influyentes a nivel nacional, que es con ellas, con las que México es reconocido fuera del territorio nacional.

Y a todas estas expresiones del pueblo se les ha otorgado un reconocimiento que trasciende los tiempos y las fronteras, se les ha otorgado lo que sólo se le otorga a una manifestación cultural: un valor sagrado, es decir, un valor al que hay que proteger y adorar. 

Esta transformación de la expresión cultural es de suma importancia, porque en su propia metamorfosis lleva la identidad de un pueblo: en el Templo Mayor están las costumbres y tradiciones de los antiguos mexicanos, y al lugar se le protege bajo la conciencia de que se protege la memoria de una civilización.

En Yahualica, Agustín Yáñez nos ubicó para mostrarnos en las páginas de su novela Al filo del agua, cómo vive un “pueblo de perpetua cuaresma”, en el que asoman “caras de ayuno y manos de abstinencia”, cómo “entre mujeres enlutadas pasa la vida, llega la muerte o el amor”. 

 

En ambos ejemplos, el Templo Mayor y la novela Al filo del agua, se vislumbra el tono sagrado de la manifestación cultural, tanto en su composición misma como expresión artística, como en la recepción que de ellas hacen los habitantes. Y es que si en el primero se remite a la auténtica memoria con base en los ídolos, arquitectura y códigos de una civilización completa, en la novela se remite a una forma de vida de una población específica, donde la lucha entre el deseo y el miedo, es protagonizada por las mujeres enlutadas y marca una manera de ser, la cual se busca conservar como valor social y religioso. 

La estudiosa Ferry Eagleton, nos advierte que “La cultura, pues, hereda el majestuoso manto de la autoridad religiosa, pero también sus incómodas afinidades con la ocupación y la invasión”. 

Y precisamente por sus incómodas afinidades, y a pesar del gran sentido sacro que envuelve a la cultura, sigue siendo benéfica la no injerencia de autoridades eclesiásticas en políticas culturales, como benéfico es que autoridades gubernamentales no mezclen territorios religiosos con acciones culturales; y que se mantenga la distinción y la distancia, pese a un supuesto parecido, entre las palabras credo y creador, humanitario y humanista, así como culto y cultura. 

Porque a todo esto, vale la pena reflexionar sobre el papel esencial del fenómeno cultural, que si bien es un reflejo de la sociedad (como en los ejemplos del Templo Mayor y la novela Al filo del agua), no se subordina a ella, y mucho menos a nomenclaturas o estructuras que no permiten el cambio y el cuestionamiento; el fenómeno cultural es más bien la conciencia crítica de la sociedad de la que surge. En pocas palabras, la cultura en su sentido más original viene a rebelarse, a cuestionarse, a autoconocerse, es en una imagen, una fuerza social nada despreciable. 

Pero la cultura y su vorágine bien lo sabemos, ha existido y existe sin necesidad de nadie que la organice o que la planifique, y mucho menos de alguien que la direccione. Sin embargo, el punto central que nos convoca es la capacidad del Estado para encauzar el desarrollo cultural de una sociedad. 

Ante este primer escenario, lo que asoma es un elemento que se sobrepone a nuestro objetivo primario que es la cultura. Porque es innegable que si el objetivo es que el Estado modele la cultura que queremos desarrollar, también es innegable que con la participación del Estado como orientador o piloto, se anteponga al interés cultural, un interés político.

Y es aquí donde se gesta el núcleo de lo que bien puede ser el inicio de una política cultural que, si se piensa sobre el lienzo de la diversidad, de la heterogeneidad y de la pluralidad, la única condición que requiere una política cultural para su formulación, es que responda a una política de Estado y no a una política de Partido.

Vamos, quien gobierna no debe responder a los colores de su partido, sino a los colores de toda la sociedad a la que gobierna. Bajo esta lógica, toda política cultural gestada desde los intereses de partido se autogarantiza un absoluto fracaso, dado que el impacto social, debilitado de origen, será evaluado de parcial, tendencioso y faccioso, por razones naturales al ser todos estos adjetivos, antónimos del fenómeno cultural, considerado como fuerza social. 

En nuestra historia moderna, México ha tenido contados trazos en materia de política cultural, y quizá sea el caso más emblemático, y el primero, el encabezado por el propio José Vasconcelos. El trabajo arduo, estratégico, eficiente y proporcional a las expectativas de su momento, que realizara José Vasconcelos, es evocar la memoria más sólida que en materia de política cultural ha ejercido el país. 

Visto con la distancia que marca el tiempo, la labor de Vasconcelos como promotor cultural encuentra la cima de la memoria colectiva, con su labor en la Secretaría de Educación Pública, en la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero especialmente y sobre todas sus acciones, como editor de los clásicos griegos, latinos y modernos en tirajes populares, que llegaron a incentivar, palpablemente, la transformación educativa y cultural que el filósofo y joven escritor siempre deseó y expresó, en sus inicios como intelectual, en la revista Savia Moderna, fundada en 1906, por Alfonso Cravioto.

Cravioto, junto con sus colaboradores, se integraron al grupo de jóvenes liderados por el también joven, Pedro Henríquez Ureña, dentro del grupo conocido como Ateneo de la Juventud, cuya influencia en la vida cultural del país, no sólo fue la renovación filosófica y política consumada con la elección de Madero, sino también la transformación de la conciencia civil, en la que los continuadores del ateneísmo fueron protagonistas de la construcción de las instituciones, empezando por la Constitución de 1917, así como la conquista de una verdadera universidad autónoma del poder público, y la creación del Departamento de Bellas Artes; todo eso el mismo año. 

Este es el paradigma institucional de las políticas culturales en México, caracterizado, como podemos apreciar, por dos componentes: la educación y la cultura. Por un lado la conquista de la libertad educativa y por otro, el fomento de las actividades artísticas. 

Los antecedentes nacionales y las particularidades legislativas del estado de Jalisco, permiten observar que las políticas culturales se han estructurado bajo un perfil visionario; es decir, en la búsqueda por conjuntar acciones de los dos más grandes ámbitos formativos como son la educación y la cultura, guardan como beneficiario de esa política pública, al niño y al joven. 

Las políticas culturales, hoy por hoy, exigen un replanteamiento, un vocacionamiento. Si las responsabilidades esenciales del Estado en materia cultural son las de preservar el patrimonio, estimular la creación, fomentar lo popular y lo indígena, propiciar la educación y la investigación, promover y difundir, así como fomentar la lectura y el libro, se requiere que ante esos lineamientos y estrategias de acción, se priorice como destinatarios, al niño y al joven. 

Hasta ahora lo señalado ha ido encaminado a una de las funciones básicas que en materia de cultura el Estado asume, y que podríamos circunscribir a tres palabras: formación, fomento y difusión. Y que corresponde por su naturaleza misma a un frente individualista; es decir, a la aplicación de políticas públicas que salvaguardan ciertos derechos de las expresiones individuales.

Pero ¿qué sucede con la otra responsabilidad del Estado en materia cultural, aquélla que corresponde a salvaguardar la supervivencia de la sociedad a través de sus valores, costumbres y tradiciones? Es en este apartado donde la cultura, vuelta ya materia jurídica, puede tornarse inequitativa y parcial, porque las medidas y las decisiones deben responder a lo complejo y plural de una sociedad, deben contemplar si no la inserción o integración de todas las manifestaciones y expresiones culturales, al menos el reconocimiento de las mismas. El reconocimiento y valoración como partes fundamentales del caleidoscopio social. 

Aunque pareciera ajeno, es al sector cultura al que corresponde la atención, la contemplación programática de grupos y asociaciones llamadas vulnerables, de organizaciones no gubernamentales que buscan y luchan por su reconocimiento social, por que se les otorgue un trato igual que a los demás, porque al igual que otros, son quienes prefiguran las manifestaciones populares y urbanas, indígenas, indumentarias y musicales, entre otras. 

Para los grupos minoritarios que cada vez son más y se expresan de manera cotidiana, inherentemente social, se requiere el replanteamiento del respeto que se merecen y la cabida que deben tener en programas y presupuestos.

La emancipación de estos grupos, comúnmente originados a partir de gustos musicales, exige una revisión de la oferta cultural oficial, que lo menos que puede ofrecer es el respeto a sus expresiones y la garantía a su seguridad integral.

Caso contrario, representaría un alto costo que rebasa el ámbito cultural, dado que son manifestaciones culturales que se extienden en la vida cotidiana de la comunidad e influyen voluntaria o involuntariamente, en la organización sociopolítica. Ocuparse de todas las posibles expresiones culturales es un requerimiento para avanzar por el camino del desarrollo. 

Para administar la cultura, una base indiscutible de la cual partir, es conocer los valores de la sociedad. Los valores dan identidad, y si bien esa identidad se forja con la forma de ser de los jaliscienses y buscamos su preservación, también es cierto que esa identidad es un proceso, un continuo cambio, una constante transformación que nos define y a la vez nos diluye. No podemos estar apartados de lo que sucede en el frente, ni de lo que sucede al lado, y no podemos negarnos a su interacción, somos parte de lo que es diferente y producto de su convulsión.   

¿Cómo conservar entonces nuestras tradiciones y costumbres?, compartiéndolas con los distintos a nosotros y respetando las de ellos. De ahí la importancia en que las políticas culturales conlleven un carácter formativo, que incida en los gustos, en la forma de entretenimiento y en la valoración de las costumbres y tradiciones por parte de los más jóvenes respecto de lo nuestro, de lo que nos define como sociedad. Porque sólo lo conocido es posible de ser apreciado. 

La política cultural, hoy más que nunca, demanda un perfil formativo en las disciplinas artísticas, formativo con la difusión de los hábitos y formas de ser del jalisciense, formativo en las lecturas clásicas y modernas, formativo en la infraestructura como los espacios escénicos, formativo en la apreciación de lo que somos.

La diversidad de la cultura, su difusión, pero sobre todo su instrumentación como mecanismo que forma conciencias, ofrece el entretenimiento y el aprendizaje, fortalece el desarrollo intelectual y físico, y socialmente resuelve la desocupación, el vandalismo y la drogadicción, principales ejes que agobian a los más jóvenes. 

El investigador Néstor García Canclini apunta: “No reducir tampoco la política cultural a la administración del patrimonio histórico y artístico, -lo cual suele corresponder a visiones patrimonialistas de la identidad-, sino abarcar las formas actuales en que se expresan la cultura y la ciudadanía”. 

Los antecedentes jurídicos y sociales que definen la política cultural tanto local como federal, decíamos, se incrustan entre los ejes formativos del sector educativo y cultural.

Su formulación y desarrollo han sido esos y su carácter legislativo también, sin que esta seña identitaria de la política cultural omita o margine la responsabilidad de conservar el patrimonio cultural, apartado que encontró su fulgor a nivel federal, en la década de los 80, bajo el gobierno de López Portillo y que, en gran medida, esa visión patrimonialista de rescate y conservación sigue vigente hasta nuestros días, permitiendo que los extremos se asomen en algunas administraciones, en las que se llega a conceptuar como política cultural única y exclusivamente la remodelación de edificios, que dicho sea de paso, es el apartado más costoso -y quizá el más alejado en estricto sentido de un mejor desarrollo social- de la política cultural. 

Y en vías e una comunicación por este apartado, el de la conservación, y en estricto sentido técnico y presupuestal, la participación mayoritaria tendría que ser de la dependencia responsabilizada de la infraestructura y obras públicas, más que de la Secretaría de Cultura de Jalisco, instancia que aportaría, en todo caso, los fundamentos y requerimientos sobre la edificación que se pretendiera intervenir.

Y en este mismo contexto, las más recientes conquistas en el manejo y ejecución de políticas públicas, toman otro valor: la transparencia y la rendición de cuentas. En el rubro cultural, donde se tiene por costumbre –y por las razones ya señaladas al inicio– un precario presupuesto, se vuelve más cuidadosa la aplicación de los recursos económicos, los cuales, deberán estar respaldados en un programa estatal de cultura.

Los gastos, incentivos o donaciones realizadas bajo el manto de la discrecionalidad, son ejemplos eficientes de cómo se puede minar la solidez de una política pública, y de cómo se puede perder la credibilidad en un gobierno.   

Nunca como ahora, en este 2008,  la cultura en Jalisco había tenido un presupuesto tan alto. El incremento –superior al 70 por ciento con relación a lo ejercido el año anterior– permite que la administración de la cultura sea visualizada de forma distinta y con mayor precisión. 

A un año de que diera inicio este nuevo sexenio, las responsabilidades en materia de cultura apuntan a mantener un buen desarrollo y cumplimiento conforme se observa el Programa sectorial, realizado por la propia Secretaría de Cultura y la Secretaría de Planeación, instancias que parten de la necesidad de formular las políticas culturales con base en cada una de las regiones, y aunque estas regiones se circunscriben bajo un criterio económico, no dejan de ser un referente del desarrollo y demanda cultural. 

Conforme al programa sectorial, la Secretaría de Cultura establece dos ejes desde los que emprende sus acciones y programas: 

EJE A: formación artística: talleres, cursos, seminarios. 
EJE B: conservación de patrimonio cultural 

Y se propone –aunque no establecida de forma programática– la reducción de la brecha digital, con el implemento y actualización de equipo de cómputo en las bibliotecas. Luego de un minucioso recuento de las fragilidades que en materia de cultura presentan las regiones del estado, Secretaría de Cultura establece algunas necesidades específicas como instrumentos que faculten a los dos ejes contemplados: 

a) Crear centros regionales de diseño y capacitación artística. 
b) Crear centros de negocios que brinden apoyos financieros y asesoría para la comercialización nacional e internacional de las artesanías jaliscienses. 
c) Firma de convenios con instituciones educativas para incrementar las becas de intercambio educativo y cultural. 
d) Programas de rescate y conservación del patrimonio cultural. 

CABE MENCIONAR QUE RESPECTO AL INCISO “D”, se contempla la intervención de 32 edificios de los cuales 20 son de carácter religioso: templos, atrios, curatos; y que en términos presupuestales superan el 70 por ciento del total. 

Las conclusiones del diagnóstico, del programa sectorial, arrojan como necesidades culturales del estado la construcción de 22 casas de la cultura, de 12 auditorios, 12 teatros, así como el mejoramiento de los museos. Asimismo considera a los talleres de formación artística como indispensables y plantea la necesidad de fortalecer los consejos regionales de cultura. 

Con base en lo anterior, sobresale una visión espacial respecto a la política cultural, la cual gira entorno al concepto de que para fomentar la cultura en la sociedad la necesidad primaria es contar con un lugar para hacerlo. Si bien es cierto que la infraestructura cultural (limitado este término a su acepción de edificaciones) es una de las grandes carencias en el estado, también es verdad que el contar con un espacio para desarrollar la cultura suele tomarse como el fin y no como el medio. 

Del presupuesto conseguido para este año, que ronda los 475 millones de pesos, la mitad de ellos son destinados al pago de sueldos de los más de mil empleados; la otra mitad es con la que se dispone para aplicar las políticas culturales establecidas en el Programa sectorial, del cual ahora podemos inferir que el gasto mayor será enfocado a la construcción de espacios, así como al rescate y conservación del patrimonio cultural. 

El argumento para esta toma de decisiones es convincente: se generará un atractivo turismo cultural que indudablemente repercutirá en la economía del Estado.

¿Pero, se ejecutan en verdad políticas culturales o políticas turísticas? ¿Es proporcional la inversión en rescate y conservación del patrimonio cultural con los otros deberes, como la formación artística, la difusión, la de estímulos a los creadores, la de investigación estética, la del fomento a las artesanías, cultura indígena y popular?

Los recursos, por más que se ejerzan, siempre serán menores a las necesidades, y por eso mismo, el cuidado en la proporcionalidad debe tomarse con toda la precisión posible. 

Quisiera concluir este somerísimo asomo a la política cultual perfilada para los próximos cinco años, destacando la labor exhaustiva, de investigación de campo, municipio por municipio, que la Secretaría de Cultura realiza sistemáticamente. Es un recurso de inteligencia y sensibilidad con el que no se contaba, y del cual depende la mayoría de las decisiones a tomar.

Por esto y con base en este sistema de conocer las realidades del Estado, confío en que la Secretaría de Cultura perfilará el anunciado Programa sectorial, a las necesidades más emergentes, más fundamentadas y más legitimadas, de quienes prefieren acceder a un servicio y bien cultural, para el mejoramiento de su desarrollo integral como ciudadanos, y del que todos, sin distinción de edad, género o religión, pueden ser beneficiados. 

Nunca se había contado con tanta especificidad de programas, objetivos y actividades, como corresponde a toda planeación profesional; sin embargo, me pregunto, si realmente la aplicación de los presupuestos y el perfil de las políticas públicas contempladas, responden a una necesidad civil, laica, plural y mayoritaria, como corresponde a toda institución pública que se debe a un gobierno de elección popular.

 

* Texto leído en la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, el 1 de abril de 2008


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