La clase política tapatía*

A nivel nacional y durante los casi dos siglos de vida independiente, el papel de la clase política de Jalisco ha sido, en muchos sentidos, poco relevante

Por: Juan José Doñán

Desde su  antepenúltima edición, el diccionario canónico de lengua española ha ampliado el concepto de fuerzas vivas con una segunda acepción bastante esclarecedora: “Personas o clases representativas de una ciudad, región, país, etc., por su autoridad o por su influencia social”.

En la capital de Jalisco, como en cualquier otra ciudad del orbe hispánico y aun más allá de éste, esos individuos y agrupaciones influyentes se encuentran repartidos entre la jerarquía católica, el empresariado local y, por supuesto, también entre la clase política de la comarca y de la cual, en el caso específico de Guadalajara, no se debe excluir a los mandos de la universidad pública, ya que histórica- mente tales mandos han mantenido un desmesurado activismo político, que habitualmente va mucho más allá del campus universitario, sobrepasando de forma amplia el desplegado por sus pares de otras entidades del país.

Desde tiempos lejanos, agrupaciones y partidos políticos, cúpulas de la industria y el comercio, líderes y organizaciones gremiales, dirigentes universitarios, así como representantes de la siempre poderosa arquidiócesis tapatía han estado al frente –aunque no pocas veces también enfrentados entre sí– de las elites sociales de Guadalajara, influyendo y encauzando, o tratando de encauzar, el rumbo no sólo de la ciudad sino de todo Jalisco y, en buena medida, también el derrotero de la amplia zona de influencia de esta entidad.

Pero paradójicamente, a  nivel nacional  y durante los casi dos siglos de vida independiente, el papel de la clase política de Jalisco ha sido, en muchos sentidos, poco relevante.

Para empezar, ninguno de los tres jaliscienses que hasta ahora han ocupado transitoriamente la presidencia de México lo ha hecho por la vía electoral, sino en funciones de suplencia y, en un caso específico, en condiciones francamente ignominiosas, como que fue producto de un golpe de Estado.

El primer hijo de Jalisco que pudo llegar al más alto cargo de la nación fue Valentín Gómez Farías, quien de manera interina ocupó la Presidencia de la República durante cinco breves lapsos –ninguno sobrepasó los cinco meses–, a raíz de que el titular del Poder Ejecutivo Federal (el general Antonio López de Santa Anna) andaba ocupado en tareas militares.

El segundo de ellos fue el abogado tapatío José Justo Corro, a quien le correspondió el papel de ser suplente del suplente, pues entre el 27 de febrero de 1836 y el 19 de abril de 1837 llegó a ser presidente sustituto de México, a raíz del súbito deceso del presidente interino Miguel Barragán (el constitucional era también Santa Anna, atareado por entonces en la Guerra de Texas).

El tercer y hasta ahora último jalisciense que ha llegado a sentarse en la silla presidencial fue el general Victoriano Huerta, cuyo apodo del Chacal no fue nada gratuito, pues este torvo personaje figura como protagonista en uno de los capítulos más siniestros de nuestra historia nacional de la infamia, debido a que alcanzó el más alto cargo del país, entre el 19 de febrero de 1913 y 14 de julio de 1914, después de traicionar al presidente legítimo Francisco I. Madero, al que finalmente mandó asesinar, lo mismo que al vicepresidente José María Pino Suárez.

Fuera de  estos breves intervalos presidenciales, ningún otro hijo de Jalisco ha estado siquiera cerca de ocupar el primer cargo político de la nación. Vale decir asimismo que la presencia de jaliscienses en los numerosos gabinetes federales, durante los casi dos siglos de vida independiente, ha sido también bastante escasa.

Desde la consumación de la Independencia hasta fines del porfiriato (1821-1911), los nativos de Jalisco que desempeñaron cargos de primer nivel en el gobierno federal (llámese ministerio o secretaría de Estado) apenas sobrepasan la docena.

Y en los noventa años restantes del siglo XX, la suma no fue mayor; tres de ellos en el ya mencionado gobierno de usurpación: el alteño José María Lozano, ministro de Comunicaciones sólo durante un mes (del 15 de septiembre al 14 de octubre de 1913); el tapatío Alberto Robles Gil, que ocupó la cartera de Fomento del 19 de febrero al 8 de julio de 1913, y el también tapatío José López Portillo y Rojas, quien tuvo el mal tino de abandonar la gubernatura de Jalisco, la cual había ganado legítima y legalmente (en las urnas, pues) para fungir durante dos meses y medio como ministro de Relaciones Exteriores, en la etapa terminal del régimen castrense de su paisano Victoriano Huerta.

El resto de  esos jaliscienses que,  durante el siglo anterior, llegaron al gabinete presidencial caben en unas cuantas líneas: Victoriano Salado Álvarez (secretario de Relaciones Exteriores, durante un mes, del 25 de mayo al 26 de junio de 1991, en la “Presidencia provisional” de Francisco León de la Barra); Silvano Barba González (secretario de Trabajo y luego de Gobernación, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas); Primo Villa Michel (secretario de Gobernación, a finales de la administración de Manuel Ávila Camacho); Agustín Yáñez, Marcelino García Barragán y Juan Gil Preciado (secretarios de Educación, Defensa Nacional y Agricultura y Ganadería, respectivamente, en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz); Luis Enrique Bracamontes (secretario de Obras Públicas, durante el sexenio de Luis Echeverría); Javier García Paniagua y Sergio García Ramírez (secretarios de la Reforma Agraria y de Trabajo, respectivamente, en la administración de José López Portillo); el propio García Ramírez sería titular de la Procuraduría General de la República en el sexenio siguiente, el de Miguel de la Madrid, cartera que entregó, a comienzos de la gestión de Carlos Salinas de Gortari, a Enrique Álvarez del Castillo, el último jalisciense del siglo XX que figuró en un gabinete presidencial.

En  este sentido, alguien podría decir que para la causa política de Jalisco ha comenzado menos mal el siglo XXI, desde el momento en que, hacia fines del año 2000, el Partido Acción Nacional se convirtió en la primera organización política de oposición en acceder democráticamente a la Presidencia de la República, rompiendo con la hegemonía que el PRI mantuvo a lo largo de 71 años.

Y ello porque, en las dos administraciones federales panistas habidas hasta ahora, ya ha llegado a cinco el número de jaliscienses que han ocupado carteras de primera importancia en el gabinete presidencial, aun cuando en la mayoría de los casos lo hayan hecho en períodos bastante breves y en condiciones de una escasa influencia política: Ramón Martín Huerta (nombrado secretario de Seguridad Pública en 2004 y quien falleciera desempeñando ese cargo, el 20 de septiembre de 2005, al desplomarse el helicóptero en que viajaba), Sergio García de Alba y Francisco Mayorga Castañeda (secretarios de Economía y Agricultura, respectivamente, también en la etapa final de la administración de Vicente Fox); Francisco Ramírez Acuña (secretario de Gobernación, en el primero año del gobierno de Felipe Calderón), y Alberto Cárdenas Jiménez, el menos efímero de los panistas jaliscienses, pues aparte de haber sido secretario de Medio Ambiente, durante los tres últimos años del sexenio de Vicente Fox, fue invitado por el sucesor de éste, Felipe Calderón, para que se hiciera cargo de la secretaría de Agricultura.

Lo anterior, sin  embargo, no cambia en esencia una situación que históricamente ha sido poco favorable, cuando no adversa, para Jalisco: su clase política ha tenido –y sigue teniendo– poca influencia en las grandes decisiones del país, con la excepción de algunas etapas bastante breves en la primera mitad del siglo XIX y, en menor medida, hacia mediados de la década de los sesenta del siglo pasado.

Ante esta limitada suerte política, cabe una pregunta: ¿por qué uno de los estados más fuertes, representativos y emblemáticos del país ha tenido una relevancia política que pareciera estar muy por debajo de lo que esta entidad ha significado en la conformación de la mexicanidad?

No parece haber una sola  respuesta para tal interrogante. Dejando estereotipos como el de la presunta capacidad limitada de los jaliscienses para hacer equipo y defender causas comunes –nadie habla tanto de este cliché como los propios tapatíos–, o del recelo que habría suscitado varias veces, entre los grupos políticos del centro, la supuesta arrogancia de los “jalisquillos” y hasta las infundadas sospechas separatistas a la caída del imperio de Agustín de Iturbide (1821-1823), en esa racha más o menos desfavorable para los intereses de Jalisco tal vez hayan pesado excesivamente algunos hechos históricos como las pérdidas territoriales que el estado sufrió durante el siglo XIX, o como el estigma, culpabilidad o mala conciencia derivados de la usurpación presidencial perpetrada, a comienzos del segundo decenio del siglo XX, por un jalisciense que desde entonces ocupa un muy merecido lugar entre los antihéroes nacionales: Victoriano Huerta.

En el primer caso, habría que reconocer que incluso personas de tantas luces como Pedro Ogazón e Ignacio Luis Vallarta acabaron haciendo las cosas mal cuando, como gobernadores de Jalisco (con algunos intervalos, el primero lo fue de 1858 a 1863, y el segundo, de 1871-1875) no fueron capaces de llegar a un buen entendimiento, a un aceptable arreglo político, con el popular caudillo nayarita Manuel Lozada, pues es muy probable que de haberle concedido a éste el trato de interlocutor y no de bandolero o forajido, se hubiera podido resolver el añejo conflicto que existía entre las autoridades de Jalisco y el poderoso líder campesino de la fragosa sierra de Álica, evitando de esa manera lo que a la postre habría de traducirse en desprendimiento irreversible del ya para entonces mutilado territorio jalisciense, con la pérdida del que había sido el Séptimo Cantón, el cual años después acabaría por convertirse en el actual estado de Nayarit.

Por lo que  hace a  la  supuesta jettatura política derivada del ascenso y la caída de Victoriano Huerta, después de que este ignominioso personaje tomara el camino del exilio, el 13 de agosto de 1914, en efecto, la clase política de Jalisco no ha podido ver la suya en el ámbito federal; ni siquiera cuando, durante la década de los sesenta del siglo anterior, tres hijos del solar jalisciense (los ya mencionados Yáñez, García Barragán y Gil Preciado) fueron incorporados por el presidente Díaz Ordaz a su gabinete, pues nunca formaron parte del primer círculo presidencial ni tampoco hicieron causa común, pensando en un eventual proyecto transexenal (sus diferencias personales y recelos recíprocos cancelaron la posible conformación de un “Grupo Jalisco”).

Desde entonces y a  diferencia de lo que  ha  sucedido con la clase política de entidades como Sonora, Puebla, Veracruz, Estado de México, Michoacán y ya no se diga de la ciudad de México, ningún grupo político jalisciense ha desempeñado un papel verdaderamente protagónico fuera del ámbito local.

Ese fue el caso aun de algunos de los gobernadores que, con un sobrado poder, consiguieron mantenerse vigentes y con muchos seguidores una vez concluido formalmente su mandato.

Ejemplos de ese poder político que, no obstante su fuerza local, acabó desvaneciéndose fuera de la jurisdicción jalisciense, serían los de José Guadalupe Zuno, Jesús González Gallo y Juan Gil Preciado.

Aunque el primero de ellos tuvo que dejar la gubernatura de Jalisco prematuramente (en 1926, por presiones políticas del presidente Plutarco Elías Calles), mantuvo durante decenios, personalmente (vivió cerca de 90 años) y también a través de algunos de sus vástagos (entre 1970 y 1976, una hija suya, María Esther, fue la primera dama del país), un liderazgo político que se hizo sentir en varios ámbitos de la vida pública jalisciense y en instituciones como la Universidad de Guadalajara, a la que el mismo Zuno refundó en 1925, durante su época de gobernador.

En  los años cuarenta  y  principios de  los cincuenta,  Jesús González Gallo fue el jalisciense con mayor influencia política dentro y fuera del estado; primero por haber sido secretario particular del presidente Manuel Ávila Camacho, luego por haber ocupado la gubernatura estatal y finalmente, según algunos de sus adictos, por haber sido un serio aspirante a la Presidencia de la República, motivo por el que, al decir de cierta leyenda política, perdió la vida en 1957, en un accidente de carretera, el cual habría sido el resultado de un complot urdido con el propósito de sacarlo no sólo de la carretera Guadalajara-Yahualica –la cual él mismo había gestionado, durante la época en que fungió como senador de la República y luego como secretario particular del presidente Ávila Camacho–, sino de la carrera por la sucesión presidencial.

Juan Gil Preciado también llegó a tener un creciente y sostenido poder político en Jalisco y más allá de las fronteras estatales: fue líder magisterial, diputado federal en dos ocasiones, alcalde de Guadalajara, gobernador de la entidad y secretario federal de Agricultura y Ganadería.

Entre fines de los años cincuenta y sesenta cosechó la mayor parte de sus seguidores políticos; a muchos de éstos los obtuvo en la Universidad de Guadalajara, a cuyos dirigentes y líderes (incluidos los estudiantiles) incorporó al partido oficial (el PRI) y a quienes también les abrió las puertas de la administración pública.

Pero aunque en  su  momento  cada uno de los tres mencionados llegó a tener un gran ascendiente político en el ámbito doméstico, ninguno pudo crear un grupo de poder verdaderamente fuerte y competitivo a nivel nacional, lo que en este caso querría decir una agrupación con capacidad para influir en la toma de las grandes decisiones del país y, entre ellas, la designación de candidatos presidenciales, así como la presencia dentro de los primeros círculos del gobierno federal.

Nacionalmente, no  ha  sido menos limitado  el caso de los grupos políticos jaliscienses de oposición. Por distintas razones, esto vale tanto para quienes vivieron en la época estoica de “la brega de eternidades” (una de las consignas de los patriarcas del PAN) como para aquellos a quienes les han tocado los años sonrientes de vacas gordas.

En el primer caso porque, aun cuando pudiera aducirse que Efraín González Luna, Efraín González Morfín e Ignacio González Gollaz compitieron oficialmente como candidatos a la Presidencia de la República (los dos primeros por el PAN  y el último por el PDM), sus posibilidades reales de acceder al poder estaban canceladas de antemano, pues se postularon para el más alto cargo del país en una época (la del extensísimo apogeo del PRI) en que ningún candidato presidencial de oposición podía ganar ni siquiera en el caso en que hubiera podido noquear electoralmente a sus opositores.

En  el segundo caso,  porque, no obstante que el pan  llegó al poder local en 1995, la influencia política de los panistas jalisciense ha sido también muy poco relevante fuera de la jurisdicción estatal. Y ello aun en el caso de Francisco Ramírez Acuña quien, a comienzos de 2005, siendo gobernador de la entidad, apadrinó la postulación como precandidato del pan  a la Presidencia de la República de la persona que, en efecto, desde el 1 de diciembre de 2006, acabaría ocupando dicho cargo: el michoacano Felipe Calderón.

Pero aun cuando esta apuesta política le haya salido a pedir de boca al panista jalisciense Ramírez Acuña, su paso por el gabinete presidencial fue poco afortunado, pues luego de obtener el nombramiento de secretario de Gobernación, a los trece meses fue destituido del cargo y sin haber obtenido siquiera un modesto premio de consolación; lo que parafraseando a Pedro Calderón de la Barca equivaldría a decir: a mal fin, no puede haber buen comienzo.

Y lo anterior, por lo que  hace a la derecha jalisciense. En cuanto la izquierda, ésta siempre ha sido muy minoritaria en la entidad.

En el pasado, estuvo ligada y en buena medida también cooptada por el partido en –y sobre todo del– el gobierno (el PRI), así como por los distintos regímenes “revolucionarios”, y cuando no fue así, pues se dedicó a pernoctar más o menos plácidamente en el campus universitario público (el de la Universidad de Guadalajara).

En el presente, las autodenominadas fuerzas políticas “progresistas” de Jalisco, aparte de seguir siendo bastantes magras, se encuentran dispersas y diseminadas (otra de sus señas de identidad) entre la delegación local del PRD  (Partido de la Revolución Democrática), algunos ONG, ciertas agrupaciones gremiales y el ya referido campus de la universidad pública.

Además de los lastres históricos, otros factores han obrado en contra de la clase política jalisciense: su canibalismo, sus conflictos intestinos y su limitada capacidad para defender causas comunes o de beneficio colectivo, superando diferencias ideológicas e intereses de grupo, facción, partido... Ello habla tanto de la estrechez de miras y de la mezquindad de no pocos actores políticos tapatíos como de una limitada aptitud para lograr acuerdos.

Y a esa escasez de grandes negociadores habría que sumar el hecho de que algunas de las personas más aptas en este ámbito no hayan surgido propiamente de la clase política profesional, sino de las otras fuerzas vivas.

Tal sería el caso del cardenal José Garibi Rivera, quien durante los 34 años en que estuvo al frente de la Arquidiócesis de Guadalajara (de 1936 a 1970) fue una excelente correa de trasmisión entre actores políticos y grupos antagónicos de la localidad, a los que no sólo consiguió reunir tantas veces como fue necesario sino, sobre todo, que llegaran a acuerdos en beneficio del estado.

De ahí que sean muchos quienes consideran al tapatío José Garibi Rivera, el primer mexicano en obtener el capelo cardenalicio, en 1958, como el mejor “grillo” (talento político) que tuvo Jalisco en el siglo XX.

Precisamente en esa  crónica escasez de acuerdos habría que buscar la causa por la que algunas de las batallas políticas libradas por jaliscienses no han podido ser inclinadas a favor del estado. Los ejemplos abundan.

Uno de ellos sería el rezago que Guadalajara ha experimentado, durante las últimas décadas, en varios de los principales rubros: en infraestructura, con sobrados signos de envejecimiento y rezago; en la movilidad urbana, que viene siendo lastrada por un sistema de transporte colectivo de un anacronismo mayúsculo; en el medio ambiente y el patrimonio natural, cuyo galopante deterioro no ha podido ser detenido; en el retraimiento, la contracción y hasta la desaparición del capital doméstico en muchos de los principales ramos de la industria, el comercio, los servicios, los negocios y otras actividades productivas.

Por indolencia, omisión o  por pugnas internas de las diferentes fuerzas políticas de la entidad, Jalisco y la zona metropolitana de Guadalajara han perdido el aprovechamiento del río Verde, cuyo caudal fue otorgado, en su mayor parte, por disposición del gobierno federal, en 1996, al centro urbano más poblado del vecino estado de Guanajuato: la ciudad de León.

También por falta de acuerdos políticos, la capital jalisciense sigue vertiendo sus aguas negras, sin ser saneadas, al río Santiago, contaminando aún más la cuenca de éste, la cual se extiende por buena parte del territorio de Jalisco, así como por el del vecino estado de Nayarit, donde desemboca en el océano Pacífico.

Hacia fines de la década de los noventa, se presentó la oportunidad de que dichas aguas residuales pudieran ser tratadas y en condiciones económicamente ventajosas para Jalisco, pues el gobierno federal iba a absorber la mayor parte del costo de la obra, y el resto sería financiado mediante la contratación de un empréstito bastante favorable.

Éste fue conocido con el nombre de “crédito japonés”, aludiendo al origen de la agencia fiduciaria. Pero, una vez más, diferencias menores fueron convertidas en desavenencias mayúsculas por grupos políticos antagónicos de la entidad, los cuales acabaron echando por la borda el crédito de marras y con él el saneamiento de las aguas residuales de Guadalajara, que siguen contaminando a tapatíos y no tapatíos.

Otra prueba de  que  la clase política de  Jalisco no se ha modernizado puede verse en el hecho de que los diferentes actores que buscan el poder (preferentemente los partidos) siguen viendo en los cargos públicos un panal de rica miel o un botín a conquistar para luego ser repartido entre los suyos, antes que un medio para mejorar su comunidad, mediante un trabajo profesional en las distintas instituciones y dependencias oficiales, lo que entre otras cosas significaría el establecimiento de un servicio civil de carrera y no la asignación improvisada de puestos públicos a aliados, amigos, favoritos, incondicionales, barraganas, compañeros de viaje, simpatizantes, aduladores y similares.

Con el reciente establecimiento de la normalidad democrática, en la vida pública de México y de Jalisco se ha presentado más de una paradoja.

Es evidente que la sociedad está de acuerdo en que sea el voto ciudadano –y no la voluntad de un gran elector– el que decida qué partidos y candidatos han de llegar al poder y cuáles deben marcharse, pero al mismo tiempo no ha ocultado su desencanto y, entre amplios círculos sociales, hasta su decepción con los no pocos abusos y la limitada competencia de los gobiernos surgidos de elecciones democráticas.

En el caso particular de Jalisco, la marca partidista de esos nuevos gobiernos se ha cifrado preferentemente en tres letras: PAN. El estilo de gobernar de este partido, cuya ubicación en el espectro ideológico teóricamente estaría en el centro-derecha y en cuya fundación fue determinante un ilustrado político jalisciense (Efraín González Luna), en la práctica ha estado mucho más cerca de las directrices de la jerarquía católica local que de los principios del Estado laico; amén de que, en cuanto a resultados, los gobiernos de extracción panista no han sido más satisfactorios, en términos generales, que las administraciones de la etapa predemocrática.

Y esos resultados poco satisfactorios le han descubierto a buena parte de la ciudadanía jalisciense su patente ingenuidad política, al haber creído, por ejemplo, que con la sola alternancia gubernamental el estado de cosas mejoraría de manera significativa.

En los comicios locales de 1995, cuando el PAN arrolló al resto de los partidos, comenzando por el PRI, buena parte de los votantes estaba convencida de que lo peor que le podía pasar al estado era seguir siendo gobernando por el hasta entonces partido oficial.

La realidad vino a demostrar no sólo que no hay organización política que sea inmune a las pifias, la ineptitud, la corrupción y el abuso, sino que la capacidad de empeoramiento puede llegar a ser infinita, gobierne el partido que gobierne.

Con todo, los desencantos, decepciones y similares que han llegado con la normalización de la vida democrática no han sido del todo estériles, pues la alternancia política ha terminado enseñando también a los electores de Jalisco y de su capital algunas verdades elementales: la democracia no hace milagros y ni siquiera es garantía de un buen gobierno; no habiendo muchas opciones para escoger, con los bueyes que hay (léase con la clase política realmente existente) hay que arar; la insatisfacción con los gobernantes, por más democrático que haya sido su origen, no tiene por qué ser disimulada y mucho menos reprimida, sino que es preciso hacerla pública, de la manera más abierta y razonada posible.

Por la vía de la manifestación civil, la protesta pacífica y el reclamo ciudadano, la sociedad tapatía ha podido ganar ya algunas batallas significativas, consiguiendo varias veces que diversas autoridades enmienden decisiones tomadas ya sea por abusivas, desatinadas o arbitrarias.

Citas
  1. Fragmento del libro ¡Ai pinchemente! Para un retrato de los tapatíos, de próxima aparición en Editorial Almuzara, en Sevilla, España.

 


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