Dilemas de la gobernabilidad en la democracia

Por: Isidro H. Cisneros Ramírez

A la pareja buen gobierno-mal gobierno se viene sustituyendo en este siglo la pareja gobierno mínimo-gobierno máximo.

Para los representantes del gobierno mínimo [...] mal gobierno es el gobierno que desea gobernar demasiado [...] en nuestro siglo las partes se han invertido, en buen gobierno se ha convertido cada vez más el gobierno máximo, aquél que se debe ocupar del bienestar de sus ciudadanos y que debe no sólo administrar la justicia, sino también suministrarla, es decir, tener un propio principio o criterio de justicia distributiva con el objetivo de emparejar las fortunas o al menos de redistribuirlas, y mal gobierno ha sido cada vez más considerado el estado que deja hacer y deja pasar, y que ha sido llamado, con un término religioso casi para acentuar el juicio negativo: «agnóstico».

En estos últimos años los términos-clave de la teoría del gobierno han cambiado: no buen gobierno o mal gobierno, ni siquiera gobierno máximo y gobierno mínimo, sino gobernabilidad e ingobernabilidad. norberto bobbio, “Il buongoverno”, en belfagor, vol. XXXVII, enero 1982, pp. 11-12.

Iniciaremos nuestra reflexión señalando que la «gobernabilidad» puede ser definida sintéticamente como la capacidad de un sistema para encontrar un equilibrio entre las expectativas de los grupos sociales y las respuestas institucionales a las mismas.1 

Dicho de otro modo, la gobernabilidad se refiere a la necesidad de compatibilizar, de hacer «congruentes», las exigencias democráticas con las decisiones adecuadas por parte de las instituciones.

Este equilibrio tiene un carácter dinámico, en la medida en que combina momentos de intercambio favorable, con algunas situaciones en las que puede imperar el desequilibrio, haciendo evidente la incapacidad institucional para procesar las demandas de los diferentes grupos sociales.

Existen numerosas experiencias nacionales en donde a la gobernabilidad se le ha dado una interpretación que busca hacer perdurar los sistemas políticos independientemente de su capacidad para resolver los requerimientos de la población.

Este problema ha sido abordado no solamente por las corrientes neoconservadoras, sino también por aquellas de corte neoliberal, en la búsqueda de estrategias adecuadas para reforzar al sistema mediante la implementación de diferentes medidas (como son las reprivatizaciones, la reproposición de los mecanismos de mercado o la refuncionalización de las organizaciones sindicales, etcétera), todas ellas encaminadas, por un lado, a disminuir las presiones populares y, por el otro, a aumentar las capacidades de respuesta durante el proceso decisional.

En este sentido, la gobernabilidad también puede ser entendida como un «momento de encuentro» entre varias direcciones, ya que está directamente relacionada con la capacidad del sistema para promover eficientemente una serie de iniciativas que se adecuen a los procesos de «inclusión» de los actores emergentes.2

Es importante agregar que el proceso de gobernabilidad no sólo atañe a la clase dirigente sino también a las diferentes oposiciones sean de izquierda o de derecha, las cuales propugnando por ser fuerza de gobierno se ven directamente involucradas en su función opositora.

La calidad y el carácter de esta evaluación está estrechamente ligada con el ejercicio del consenso y del disenso.3 En efecto, durante el transcurso de la historia política de este siglo, hemos constatado la existencia de numerosos ejemplos en los cuales la formación del consenso ha contribuido de manera decisiva para hacer perdurar en el tiempo a un determinado régimen político.4 

El ejercicio de un particular tipo de consenso no sólo ha impedido la formación de opiniones discordantes al interior de los grupos sociales, sino que a partir de una serie de postulados, ha permitido la legitimación de la práctica política del grupo gobernante condenando a la disidencia a una parte de los actores políticos por considerarla perniciosa para la estabilidad del régimen.

Por el contrario, podemos revisar las experiencias de algunos países en los que la convivencia respetuosa entre consenso y disenso ha fortalecido la gobernabilidad. Nos referimos a aquellos gobiernos de carácter pluralístico y competitivo, en donde la manifestación del desacuerdo favorece la legitimidad de la élite en el poder ya que enaltece los valores de la democracia que son aquellos que defienden la libre expresión de los individuos y la convivencia tolerante y pacífica entre sus miembros.5 

Finalmente, debemos recordar que han existido otros tipos de consenso y de disenso de carácter extremo, que con el recurso a diferentes tipos de violencia han dañado irremediablemente la estabilidad de un régimen.

Por lo tanto, si bien es deseable una cierta dosis de acuerdo y de desacuerdo, estas expresiones deben ser de carácter moderado, es decir, deben procurar respetar y hacer respetar los diferentes puntos de vista, sin pretender aniquilar a quien no piensa del mismo modo, aplicando el máximo postulado del liberalismo según el cual la ley es igual para todos.

Existen a grosso modo dos versiones de la ingobernabilidad en las sociedades complejas: una es la que considera a la «crisis de gobernabilidad» como un producto de la incapacidad de los gobernantes; otra muy diferente es, como hemos visto, aquélla que la considera como un resultado del «exceso de demandas».

No obstante todo, tanto la gobernabilidad como su contrario, la ingobernabilidad, aparecen como procesos en curso, es decir, como un conjunto de relaciones complejas entre los componentes de un sistema político.6

II. Existe un amplio acuerdo entre los estudiosos de la problemática de la gobernabilidad en el sentido de que ésta no implica necesariamente un estado de inmobilismo.

Al contrario, es casi una constatación empírica que el conjunto de las fuerzas que actúan al interior de los regímenes políticos mantienen profundas discrepancias y desarrollan su acción en un ámbito institucional muy dinámico y en el que se expresan puntos de vista alternativos.

Otro aspecto importante que debemos tener presente es que la gobernabilidad como «congruencia» entre las instituciones y las demandas sociales puede desarrollarse en un contexto democrático o autoritario.

En efecto, en general se piensa que la gobernabilidad es un proceso con un sentido político único; sin embargo, consideramos que dicho proceso puede ser mejormente caracterizado si se toman en cuenta sus diferentes dimensiones, así como el contexto institucional en el que se desarrolla.

En esta lógica, y esquematizando un poco, podemos afirmar que la gobernabilidad de tipo democrático estaría caracterizada por un juego político sin constricciones y donde la estabilidad depende directamente de un compromiso compartido en cuanto a la legitimidad del orden democrático por parte de los diferentes actores.7

En cambio, la gobernabilidad en un contexto no democrático se encuentra referida a una acción que excluye en un grado elevado la participación política de la población, es decir, representa una situación en donde impera una ausencia de libertad en cuanto al desarrollo de las fuerzas políticas, lo que provoca naturalmente una limitación del pluralismo.

Aunque nos ocuparemos más adelante de indicar los elementos distintivos de cada una de ellas, en este apartado sólo intentaremos definir convencionalmente a la gobernabilidad, la cual de principio encarna un conjunto de «capacidades» del régimen político que se encuentran referidas, por un lado, al funcionamiento de las instituciones de acuerdo con los procedimientos establecidos y, por el otro, a la satisfacción de las demandas y de los desafíos sociales que se le presentan a las estructuras de autoridad y cuya solución determina el nivel del conflicto político.

En correspondencia con lo anterior, podemos afirmar que la ingobernabilidad refleja un conjunto de «incapacidades» al interior del régimen para mantener el necesario equilibrio entre la producción de las demandas sociales y la formulación de las decisiones políticas.

La ingobernabilidad puede ser estudiada, de un lado, recuperando las causas que la provocan y, del otro, examinando los efectos que resultan en la estabilidad del sistema político en su conjunto.

En este sentido, el momento de crisis o de ruptura en el funcionamiento del sistema puede dar lugar a un cambio cualitativo, ya sea en sentido positivo, estimulando una mayor apertura y liberalización, o en dirección negativa haciendo posible un posterior reequilibramiento del orden autoritario sobre la base de algún tipo de violencia política.8

La ingobernabilidad refleja, pues, un funcionamiento «defectuoso» de las estructuras y de las instituciones políticas que puede ser generado tanto por factores internos al aparato gubernamental como por los así llamados “factores exógenos”, cuyo peso e influencia desempeñan un importante papel en el proceso que estamos analizando.

Basta recordar el influjo que el contexto internacional ha desempeñado en la dirección y la intensidad de importantes cambios políticos que se han llevado a cabo durante los últimos años.9 

No se deben olvidar tampoco los efectos políticos que resultan de las interacciones de ambos tipos de factores en la sociedad.

El proceso de gobernabilidad está íntimamente ligado con la «naturaleza política» del gobierno –que puede ser homogénea o heterogénea– y por el carácter de las oposiciones –que pueden ser unitarias o fragmentadas, sistémicas o antisistémicas– mismas que pueden estar orientadas tanto a la aceptación del sistema como a su transformación radical.10 

A este punto debemos precisar que cuanto más homogénea sea la coalición de actores en el gobierno tanto menores serán las probabilidades para que se desarrolle cualquier tipo de ingobernabilidad.

Asimismo, cuanto más fragmentada y polarizada se encuentre la sociedad, más difícil será la aceptación del tipo de relaciones políticas existentes y, en consecuencia, serán mayores las posibilidades de desequilibrios institucionales.

Por último, resulta indispensable dilucidar las posibles soluciones al problema de la ingobernabilidad, es decir, al tipo de recursos que pueden ser utilizados para enfrentar los diversos desafíos frente a los cuales se puede optar por la vía cohercitiva o por el recurso a los medios pacíficos que se caracterizan, principalmente, por una solución negociada entre las partes.

Esta última solución se remite necesariamente al fortalecimiento de la gobernabilidad de carácter democrático. Distinguir entre democracia de «alta» y «baja» intensidad es fundamental para poder poder explicar «cómo» y «con qué recursos» es posible resolver los problemas de la gobernabilidad. Describamos brevemente algunos posibles escenarios.

En relación con los procesos que pueden afectar la gobernabilidad existen algunas interpretaciones que han considerado que un régimen puede entrar en crisis ya sea por un «exceso» de democracia o, al contrario, por una «restricción» de la misma.

En el primero, la crisis por exceso de democracia estaría representada por aquellos casos –caracterizados principalmente por la existencia de regímenes de tipo parlamentario– en los que la duración de los gobiernos puede alcanzar breves periodos de tiempo 11 o en aquellos otros en donde la ingobernabilidad se vuelve «crisis permanente». 12 

Según estos enfoques es posible que un elevado nivel de democracia genere algún grado de ingobernabilidad la que, no obstante todo, no logra afectar sustancialmente la calidad democrática de régimen y, por lo tanto, consideran posible llevar a cabo una «reducción» de la misma por lo menos hasta ponerla en sintonía con las estructuras institucionales existentes.

De acuerdo con esta interpretación, cuando se «sobrecarga» el sistema por el alto volumen de inputs o demandas que generan los ciudadanos (configurando con esto una situación en donde a la cantidad de demandas ya existentes se le agregan nuevas) puede suceder que las instituciones no se encuentren preparadas para enfrentarlas con eficacia y efectividad.

Esta sería la situación prototípica de las democracias en problemas, mismas que se caracterizan por el hecho de que, a pesar de las «disfunciones sistémicas», no recurren a métodos autoritarios para enfrentar dicha «sobrecarga».

Contrariamente podemos evidenciar otras interpretaciones referidas a experiencias en donde la ingobernabilidad es producida por la «escasa» democraticidad existente y donde son más altas las probabilidades de que se resuelva dicho desfase entre demandas y soluciones por medios no democráticos.

En efecto, en la prolongada tensión que generaron dichas experiencias no estuvo ausente la propensión para la búsqueda de atajos autoritarios. 13 

Como quiera, en estas situaciones las democracias se muestran incapaces para proceder eficazmente en la toma de decisiones rápidas e incisivas porque se encuentran atrapadas al interior de una «gran red paralizante» de intereses corporativos y sectoriales.

Una vertiente de la mencionada concepción, que ha sido fuertemente influenciada por la teoría de la elección racional, sostiene que la ingobernabilidad se produce durante la competencia electoral porque muchos grupos podrían apoyarse en un poder muy amplio de extorsión sobre los políticos, obligándoles en diversas formas a un comportamiento inflacionario primero en términos de promesas y después en términos de disponibilidad de recursos. 14 

Es en el contexto de dichas tensiones que es posible afirmar que los órdenes democráticos pueden ser desafiados en diversas direcciones: ya sea desde el lado de las demandas como desde el de las respuestas; ya sea desde la vertiente de la política de los partidos como desde el perfil de la política de los movimientos sociales emergentes; ya sea desde las relaciones entre la política y la sociedad como desde las relaciones entre la política y la economía.

A continuación nos ocuparemos de distinguir brevemente dos casos típicos de gobernabilidad: el primero referido a los regímenes democráticos y el segundo relacionado con aquellos de tipo autoritario. 

III. Una democracia puede ser “mínimamente” caracterizada por la existencia de un conjunto de procedimientos libremente aceptados para la toma de decisiones políticamente vinculantes.

Dicho conjunto de procedimientos implican que la forma de gobierno democrática es capaz de tolerar todos aquellos cambios que son compatibles con la conservación de sus propias “reglas del juego”. 15 

Los problemas de gobernabilidad que afectan a estos regímenes son sobre todo de tres tipos: de «sobrecarga», de creciente conflictuabilidad social y del desarrollo de una infinidad de centros de poder.

Al primero –aunque brevemente– nos hemos ya referido; el segundo se vincula con la existencia de intereses contrapuestos y corporativos que, sin embargo, necesitan coexistir subordinándose al interés colectivo que, en teoría, persigue la democracia; y el tercero, hace referencia a la principal característica que distingue a dicho tipo de sociedades, que es el pluralismo, el cual implica, entre otras cosas, la existencia de diversos centros de poder. 16 

Esta interrelación entre distintos grupos posibilita la exposición autónoma de sus demandas hacia las estructuras de autoridad. Cabe señalar que, si bien puede desarrollarse la hegemonía de alguno de ellos en un determinado momento histórico, ésta debe tener siempre un carácter transitorio, toda vez que existe la posibilidad real de la «alternancia» entre ellos.

Otro aspecto importante de la gobernabilidad de tipo democrático se encuentra referido a la capacidad de respuesta expedita por parte de los gobernantes.

En este caso el dilema se expresa entre las soluciones de tipo democrático y su relación con el «Estado burocrático». Al respecto, Norberto Bobbio sostiene los regímenes democráticos –a diferencia de los autoritarios– se caracterizan por la demanda fácil y la respuesta difícil, y que por este motivo es que: la rapidez con la que se presentan las demandas al gobierno por parte de los ciudadanos, está en contraposición con la lentitud de los complejos procedimientos del sistema político democrático. 17 

No obstante todo, y aunque éste no es el lugar para realizar un análisis sobre las tensiones que caracterizan a ambos, podemos afirmar que el Estado democrático está más cerca del Estado burocrático de cuanto aparece a simple vista.

Un aspecto que no puede quedar de lado en el tipo de gobernabilidad al que nos estamos refiriendo es el rol de “mediación” que desempeñan los partidos políticos. 

En efecto, las organizaciones partidarias constituyen el eje articulador de la integración política y de la participación de las masas representando, de este modo, un puente bidireccional entre el régimen político y el conjunto de los ciudadanos poseedores de los derechos.

Esto es así porque los partidos pueden encarnar y promover el desarrollo de dos dinámicas: ya sea de la continuidad, o del cambio al interior del régimen político.

Al respecto, es necesario tener presente que en una democracia la alternancia en el poder no debe implicar necesariamente la vulneración del proceso de gobernabilidad.

Una competencia equilibrada entre opciones diferentes –pero que adhieren a los principios democráticos– debe hacer posible el desarrollo organizativo de un conjunto de fuerzas que se encuentran en disposición para, de ser necesario, establecer acuerdos cooperativos entre sí orientados a mejorar la «calidad» de dicho tipo de régimen. 18 

En este sentido, la existencia de una sociedad civil activa implica también una representación política «compleja y competitiva».

El ejercicio de un poder eficiente y eficaz, capaz de enfrentar con éxito los desafíos que se le presentan, que fortalezca y mejore la institucionalidad del régimen puede derivar en una mayor gobernabilidad.

A este punto conviene establecer una distinción analítica entre aquello que podríamos denominar una crisis de gobernabilidad en relación con los valores y los procedimientos de la democracia, y una crisis de gobernabilidad en relación con su funcionamiento institucional.

Para el caso que nos interesa es necesario hacer referencia brevemente a este último tipo de crisis. En general, estas disfunciones se encuentran referidas a los procesos decisionales y muy raras veces –aunque también puede llegar a ocurrir– al conjunto prescriptivo y normativo de la institución democrática.

La crisis de los mecanismos decisionales puede surgir cuando se atrofia el funcionamiento de las estructuras encargadas de la “producción de respuestas” socialmente significativas.

Se puede decir al respecto que un sistema político funciona bien cuando logra tomar decisiones oportunas en el más breve tiempo posible y con el menor dispendio de energía por parte de los decisores.

Ejemplos del mencionado “funcionamiento defectuoso” del régimen democrático son representados por las pugnas que en algunos países se han desarrollado entre los poderes legislativo y el ejecutivo o entre la burocracia y la magistratura. 19 

Conviene tener presente, sin embargo, que una crisis de gobernabilidad en este sentido puede no traducirse inmediatamente en una caída o en una transformación global del régimen.

IV. Contrariamente con cuanto hemos venido sosteniendo, y a modo de conclusión, podemos afirmar que la gobernabilidad también puede caracterizarse por un proceso en el que la demanda social encuentra dificultades estructurales para manifestarse, ya que el poder coactivo impide la plena y libre expresión de los intereses de los grupos sociales.

Para la caracterización de los regímenes autoritarios es fundamental la referencia al «pluralismo político limitado». 20En estas situaciones el dilema se presenta entre un poder eficaz y un poder legítimo.

Es necesario señalar que la competencia política es considerada –en la mayoría de los regímenes autoritarios– como innecesaria y, por lo tanto, prevalece un fuerte «monolitismo» a través del cual se ejercita verticalmente el poder.

La referencia a los mecanismos a través de los cuales la gobernabilidad se mantiene en estos contextos quizá no merecería mayores comentarios de no ser porque es posible pensar en escenarios extremos en los que puede ocurrir que las limitaciones en el ejercicio de las libertades políticas se conjuguen con la paulatina pérdida del consenso y de la legitimidad, con el desarrollo de anomias sociales de carácter violento, con una mayor polarización y fragmentación política de la sociedad así como con la expansión de los «particularismos corporativos».

En estos casos las posibilidades de la ingobernabilidad son mayores. Aun más, estas consecuencias negativas pueden verse agudizadas por la crisis de los partidos y por el desarrollo de un rol decreciente en los mecanismos de representación en los procesos políticos.

El conjunto de estos fenómenos pueden concluir con el surgimiento de una «conflictualidad estructural» que paralizaría cualquier posibilidad de gobernabilidad a nivel sistémico.

Esto es importante si tomamos en cuenta que los partidos políticos desempeñan funciones vitales para la gobernabilidad, además de aquellas típicas del reclutamiento y de la socialización política, de la competencia y de la estructuración de las opciones electorales. 21

En una situación no democrática como la que aquí interesa analizar, el desarrollo de una creciente fragmentación de los intereses puede generar situaciones en las que se manifieste una gradual pérdida del poder por parte de la élite gobernante. 22 

De acuerdo con esta interpretación, una consistente pérdida de eficacia, efectividad y legitimidad es casi seguro que provoque el aumento de las tensiones y de la politización dando lugar a una crisis política que puede ir acompañada de fuertes enfrentamientos o incluso de algún tipo de “guerra civil”.

En muchos casos nacionales hemos podido observar cómo los intentos por mantener artificialmente la gobernabilidad han concluido, en el mejor de los casos, en una disgregación de las fuerzas que apoyan al régimen, y en el peor, en un retroceso de los logros democráticos.

Una adecuada correspondencia entre necesidades sociales y decisiones de gobierno expeditas, puede garantizar, sino una mayor legitimidad, al menos un mejor funcionamiento de las instituciones.

Citas

  1. Zaccaria, Giuseppe, “Governabilità”, en Lessico della politica, Roma, Edizioni Lavoro, 1987, p. 270.
  2. Es así como algunos autores han considerado que la gobernabilidad está, de una u otra forma, referida a la calidad del desempeño gubernamental a través del tiempo, y esto significa: 1) capacidad para adoptar oportunamente las decisiones, 2) efectividad de las decisiones adoptadas, y 3) aceptación social de las decisiones: cfr. Flisfish, Angel; Gobernabilidad y consolidación democrática: sugerencias para la discusión, en Revista Mexicana de Sociología, núm. 3, julio-septiembre 1989, pp. 113-133.
  3. Algunos autores afirman que en las sociedades democráticas los individuos deben decidir entre una amplia gama de posibilidades que van desde “la decisión por la herejía, la defensa de los derechos civiles [...] o la seguridad en la obediencia, la verdad del grupo, el horizonte disidente o la demora del conformista”: cfr. Flores d’Arcais, Paolo, Etica senza fede, Turin, Einaudi, 1992, pp. 216-217.
  4. Pasquino, Gianfranco, “Gobernabilidad”, en Diccionario de política. Suplemento, México, Siglo XXI Editores, 1988, p. 194.
  5. De frente a la pregunta: ¿Quién debe mandar?, el filósofo Karl Popper, afirma: Se dice que un gobierno tiene el derecho de ordenar cuando es legítimo, es decir, cuando ha sido elegido según las reglas de la constitución, por una mayoría del pueblo o de sus representantes: cfr. Popper, Karl, La lezione di questo secolo, Venecia, Marsilio Editore, 1992, p. 84.
  6. En un intento de simplificación, es posible sostener que los autores que se han ocupado de esta problemática defienden, en todo o en parte, una de las siguientes hipótesis: 1) la ingobernabilidad es el producto de una sobrecarga de demandas [...] que provocan crisis fiscal; 2) la ingobernabilidad [...] es más bien un problema de naturaleza política: el de la autonomía, complejidad, cohesión y legitimidad de las instituciones; 3) la ingobernabilidad es el producto conjunto de una crisis de gestión administrativa del sistema y de una crisis de apoyo político de los ciudadanos a las autoridades”: cfr. Pasquino, Gianfranco, “Gobernabilidad”, en Diccionario de política. Suplemento, op.cit., p. 192.
  7. Para el análisis de un caso específico sobre la «gobernabilidad democrática» se recomienda: Rial, Juan. Gobernabilidad, partidos y reforma política en Uruguay, en Revista Mexicana de Sociología, núm. 2, abril-junio 1988, pp. 11-33. Este mismo autor define la gobernabilidad como la capacidad de las instituciones y movimientos de avanzar hacia objetivos definidos de acuerdo con su propia actividad y de movilizar con bastante coherencia las energías de sus integrantes para proseguir esas metas previamente definidas. Lo contrario, la incapacidad para obtener esa capacidad de ‘encuadramiento’ llevaría a la ingobernabilidad.
  8. Un análisis de la posible combinación de transición con crisis de gobernabilidad en: Viero, Benicio. “Transición y crisis de gobernabilidad en Brasil”, en Revista Mexicana de Sociología, núm. 2, abril-junio 1988, pp. 35-50.
  9. Al respecto, algunos ejemplos están dados por la influencia ejercitada por la Comunidad Económica Europea en la democratización de España, Grecia y Portugal. O en América Latina el papel desempeñado por la “guerra de las Malvinas” en la caída de la dictadura militar Argentina y, más recientemente en la democratización de los países postsocialistas en Europa oriental.
  10. Pasquino, Gianfranco, Crisi governativa, en Dizionario di politica, Turin, UTET/TEA, 1990, pp. 637-645.
  11. La discusión sobre la gobernabilidad en la ciencia política fue inaugurada por el informe a la Comisión Trilateral que en 1975 presentaron un grupo de importantes especialistas: cfr. Crozier, M., Huntington, S., y Watanuki, J., La crisi della democrazia. Rapporto sulla governabilità delle democrazie alla Commissione trilaterale, Milán, Franco Angeli, 1977.
  12. Un caso de «crisis permanente» es representado por el sistema político italiano. Para una sugerente interpretación se recomienda la introducción realizada por Norberto Bobbio a: Farneti, Paolo, La democrazia in Italia tra crisi e innovazione, Turin, Fondazione Giovanni Agnelli, 1978.
  13. Pasquino, Gianfranco. Alla ricerca dello scetro perduto, Bolonia, Il Mulino, 1990, p. 7.
  14. Estos estudios obtuvieron un impulso importante con las formulaciones de Antony Downs en: Teoria economica della democrazia, Bologna, Il Mulino, 1988.
  15. Bobbio, Norberto. “¿Puede sobrevivir la democracia?”, en Los Límites de la democracia, Buenos Aires, CLACSO, 1986, p. 62.
  16. “La libre organización de grupos de interés, de sindicatos, de partidos, hasta la máxima aplicación de los derechos políticos, facilitan por parte de los individuos y grupos peticiones a los poderes públicos que pretenden ser satisfechos en el menor tiempo posible, bajo la amenaza de disminuir el consenso [...] es evidente que cuanto más aumentan los conflictos más aumenta la dificultad de dominarlos”: Cfr. Bobbio, Norberto, “Democracia e ingobernabilidad”, en Liberalismo y democracia, México, FCE, 1989, pp. 103-109.
  17. “En la democracia la demanda es fácil y la respuesta dificil; por el contrario, la autocracia tiene la capacidad de dificultar la demanda y dispone de una gran facilidad para dar res puestas”: Cfr. Bobbio, Norberto. El futuro de la democracia, México, Fondo de Cultura Económica, 1986, p. 28.
  18. Para el estudio de la problemática referida a las democracias “consociativas”, es decir, a los problemas asociados al mantenimiento de un gobierno democrático de carácter estable en el contexto de una sociedad pluralística, se recomienda el excelente estudio de Arend Lijphart: Democracia en las sociedades plurales, México, Prisma, 1988, cap. 1. Esto a pesar de los fuertes problemas de traducción que la versión castellana tiene.
  19. Al respecto puede desarrollarse una crisis democrática “cuando surgen límites y condicionamientos a la precedente expresión de los derechos políticos y civiles [...] o cuando se tiene una limitación de la competencia política y cuando se contamina o se rompe el compromiso democrático”: cfr. Morlino, Leonardo. “Democrazie” en Manuale di scienza della politica, Bologna, Il Mulino 1988, p. 123.
  20. El pluralismo político limitado y no responsable, la ausencia de una elaborada ideología-guía, la ausencia de mobilización política y la presencia de un pequeño grupo que ejercita el poder “dentro de límites formalmente mal definidos pero en realidad bastante predecibles”, son características que acomunan a los regímenes autoritarios: cfr. Linz, Juan J., “An authoritarian regime: the case of Spain”, en Cleavages, ideologies and party systems, Helsinki, Westermarck, 1964, p. 255.
  21. Respecto al papel de los partidos en los procesos de gobernabilidad se recomienda: Pasquino, Gianfranco. Crisi dei partiti e governabilità, Universale Paperbacks 115, Bologna, Il Mulino, 1980.
  22. Linz, Juan J., La quiebra de las democracias, Madrid, Alianza Universidad, 1987, p. 132.